MENDIZABAL II

Pla · Mensaje por **Pla** » 09 Oct 2004

LAS REFORMAS DE MENDIZABAL (MENDIZABAL II)

<<Si no encontramos esa inmensa mayoría tan necesaria
para resolver el problema con la íntima unión de todas
las fuerzas del Estado, nos quedará el consuelo de poder
decir, restituidos a la vida privada y seguros del testimonio
de nuestra conciencia: hicimos cuanto supimos, cuanto
debimos y cuanto pudimos por nuestra patria>>

Mendizábal.- Debate del Voto de Confianza ante las Cortes Generales. Diciembre de 1835.

La llegada de Mendizábal al poder se produjo en un momento crucial de la década revolucionaria de 1833 a 1843. La violenta reacción de los sectores que se agrupaban en torno al partido carlista, que había desencadenado la guerra civil en 1833, obligó al pequeño partido cortesano que apoyaba la pretensión de Isabel II al trono, a buscar la alianza con el partido liberal. Así, y siempre bajo la presión creciente de los éxitos militares carlistas, del gobierno de Cea Bermúdez (hombre del “despotismo ilustrado”), de 1833, se pasó al gobierno de Martínez de la Rosa (un doceañista, vuelto del exilio) en 1834. Era éste un posibilista que pretendió establecer una solución moderada. Su obra fue el Estatuto Real de 1834, Constitución otorgada, y la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza (Francia, Inglaterra, Portugal y España), que significaba un importante espaldarazo para el partido isabelino, pese a las reticencias francesas, que sólo se despejaron a mediados de 1835. Pero la alianza interna de los isabelinos con los liberales, había implicado también la amnistía de los exiliados y la liberación de los condenados. De modo que el inicio de la guerra carlista desató el estallido de una situación revolucionaria que se prolongaría, con altibajos, hasta 1843. En esa línea, los reveses en la guerra carlista y lo escaso de las reformas de Martínez de la Rosa, y ante los motines desatados en varias provincias y en la capital, la Regente Maria Cristina lo destituyó y nombró a Toreno (también doceañista), en junio de 1835.

Sin embargo, como acertadamente señala Lafuente, la tarea de levantar la nación estaba quizá por encima de las fuerzas y capacidades de Mendizábal y, probablemente, de cualquier otro, pese al inmenso apoyo con que llegó al poder. Por otra parte, las oleadas de revolución y contrarrevolución propias del periodo, con la guerra carlista siempre al fondo, agotaron su mandato como Presidente del Gobierno el 15 de mayo de 1836. Y si bien volvería al gobierno en diciembre de 1836, lo haría en el Gobierno de Calatrava como Ministro de Hacienda, hasta agosto de 1837. Por eso cabe hablar de milagro, como indica Pirala, ya que pocas cosas, tangibles en el corto plazo, pudo ver terminadas éste hombre del que tanto se esperaba. Lo principal, quizá, fue que supo infundir en la conciencia de todos la idea de que la crisis era superable, que la guerra era ganable y que la modernización nacional era posible, a condición de realizar los esfuerzos necesarios; lo decisivo, el efecto a largo plazo de sus medidas. No obstante, no puede olvidarse que el gobierno Mendizábal logró allegar los recursos necesarios para la financiación de la guerra y cambió el signo de ésta. Cuando Mendizábal abandonó el gobierno en 1837, la guerra estaba decidida, aunque aún duraría casi otros tres años.

La intensidad de la revolución, que alcanzó su momento cumbre con la promulgación de la Constitución de 1837 (modelo de Constitución liberal progresista), y sobre todo su prolongada duración desde 1833, llevaron a la fractura del Partido Liberal entre moderados y progresistas, una quiebra que tuvo algo de conflicto generacional. Se agruparon entre los moderados los viejos doceañistas, el partido cortesano y un grupo de jóvenes ex-radicales, como Istúriz o Alcalá Galiano; entre los progresistas figuraron los hombres de 1820, como Evaristo San Miguel, los jóvenes radicales, como Olózaga, y la mayor parte de la oficialidad del Ejército, con el que llegaría a ser comandante en jefe, Espartero, a la cabeza. La fractura, anunciada durante el motín de La Granja (1836), se hizo manifiesta en 1837. Mendizábal, pese a su alineamiento incuestionable con los progresistas (fue uno de los inspiradores del motín de La Granja) y pese a su apoyo a Espartero hasta 1843, supo estar siempre en buena inteligencia con los dirigentes moderados y, durante su etapa de gobierno fue capaz de liderar a ambas facciones a la vez. Por ejemplo, con Toreno, pese a las accidentadas situaciones que vivieron el 15 de septiembre de 1835, que desembocaron en el nombramiento de Mendizábal como primer ministro, no impidieron que Toreno se pronunciase a favor de Mendizábal, en el debate del Voto de Confianza de diciembre de 1835, que le otorgó poderes de excepción. El gabinete de Mendizábal duró hasta mayo de 1836, tiempo en que se lanzaron las principales reformas y se anunciaron todas.

LA GUERRA CARLISTA

La decidida apuesta carlista por la vía militar desde 1833, no permitía otra opción que preparar los medios para lograr la victoria militar sobre los rebeldes. Cuando Mendizábal llegó al Gobierno, en junio de 1835, Bilbao sufría su primer asedio, y la actividad carlista se desarrollaba imponente en sus bastiones de Cataluña, Vascongadas y Maestrazgo, lanzando expediciones (como la del General Gómez, en 1836), capaces de recorrer toda España y retornar a su base de partida en Vascongada, sin haber sido derrotado. Para hacer frente a esa situación, Mendizábal confirmó al General Córdova (un hombre de la Reina) al mando del Ejército del Norte y promocionó a los mandos jóvenes, como Espartero, que se había distinguido en el levantamiento del primer asedio de Bilbao. Atendiendo a las peticiones del mando militar, que pedía urgentemente refuerzo de tropas al gobierno, puso en marcha tres medidas:

1) La Quinta de los 100.000 hombres, que aunque apenas alcanzó los 50.000, se haría famosa en toda Europa por el novedoso sistema introducido, que fue adoptado por muchos países. Establecía el Decreto de convocatoria de la Quinta, que podía eludirse el servicio mediante el pago de 4.000 reales (unos 6 euros de ahora, sin actualizaciones monetarias, que son muy difíciles y habría que explicarlas), o de un caballo apto para la campaña y 1.000 reales (1,5 euros).

2) La militarización de la Milicia Nacional, bajo mando político de los Ayuntamientos y bajo mando profesional de militares de carrera, alcanzaría rango constitucional en 1837 (Artículo 77). La Milicia estaba compuesta por voluntarios reclutados entre propietarios de bienes inmuebles y entre empresarios, profesionales liberales y de oficios y comerciantes, que pagasen una determinada contribución. Con base municipal y organización provincial, constituyó una fuerza mixta, policial y militar, que constituyó la principal base de apoyo de la política progresista. En la guerra, prestaron un sólido apoyo a las tropas regulares que, así, no tenían que dejar muchas fuerzas de guarnición en ninguna población, habitualmente, pues esta tarea la atendían los milicianos nacionales, y con valor y sacrificios muy notables, a veces. De ahí que si bien la Quinta no permitió reclutar los 100.000 hombres previstos, la Milicia Nacional aportó un nuevo contingente humano de combatientes, poco adiestrados pero muy numeroso.

3) La obtención de ayuda militar directa de Francia, Inglaterra y Portugal, los países integrantes de la Cuádruple Alianza, que llegaron a desplegar en España un contingente total de más de 10.000 hombres, en los momentos de mayor intensidad de la guerra, en 1836 y 1837. Unos refuerzos que también contribuyeron facilitar los esfuerzo general de hombres y medios que solicitaban tan apremiantemente los generales.

LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Mendizábal introdujo técnicas de organización administrativa aprendidas en Inglaterra, y articuló las red de oficinas ministeriales en las provincias. Pero la principal reforma que llevó a cabo fue la creación de las Diputaciones Provinciales, que aún existen. Javier de Burgos (moderado), cuando fue Ministro bajo la presidencia de Martínez de la Rosa, había creado las provincias en 1834, como demarcaciones administrativas básicas. Mendizábal articuló administrativamente esa organización, con la finalidad de establecer una sólida conexión administrativa, además de la más propiamente política, entre el Gobierno de la Nación, nivel superior de gobierno, y los gobiernos municipales, los más directamente en contacto con el pueblo, único modo de articular el conjunto de las administraciones en un todo único y conjunto: el Estado liberal español.

Una de las preocupaciones de Mendizábal fue también la creación de un cuerpo de policía permanente que hiciese de engarce entre el Ejército y la Milicia Nacional y que, por así decir, reforzase y complementase la acción de ambas instituciones. Un cuerpo policial militarizado, profesional y políticamente leal únicamente a la Constitución. Un cuerpo policial que permitiese aprovechar, combinadas, las mejores cualidades del Ejército y de la Milicia. Aunque esto no se llevaría a cabo hasta 1843 con la creación de la Guardia Civil, es indudable que Mendizábal fue uno de los inspiradores de su constitución, realizada bajo el gobierno de González Bravo, el último gobierno progresista antes del inicio de la Década Moderada y del gobierno de Narváez.

LAS GRANDES REFORMAS ECONOMICAS

Mendizábal estaba convencido de que la libertad de comercio y la liberalización de los mercados eran el secreto del desarrollo económico. Como buen liberal no creía en las teorías del reparto y la asistencia a los pobres, como medio para acabar con la precariedad. Creía sobre todo en la generación de riqueza como modo preferible para la elevación del bienestar general. Si se crean riquezas, el proceso de esa generación, los intercambios que produce, los servicios que requiere de muchos una gran empresa comercial o industrial, terminan por originar beneficios económicos para todos los agentes que intervienen en ella y, finalmente, termina repercutiendo en el conjunto de la sociedad, que ve incrementado su nivel de bienestar a medida que se incrementa la riqueza. Por eso Mendizábal intentó la liberalización de todos los mercados los ya existentes, como el mercado de productos agropecuarios, los de nueva creación, de materias primas, industrial y financiero.

1)La Desamortización de 1835-1836

Conviene Tener presentes tres nociones claras, para abordar esta cuestión, que ha llegado a ser la más polémica de su mandato, aunque ello sea debido más a la ignorancia del contenido efectivo de los Decretos de Disolución de Órdenes Religiosas de 1835, y de Desamortización de 1836.
En primer lugar, se ha de recordar que la desamortización de 1836 no fue la primera ni la única. Ya Jovellanos había recomendado esta medida en su famoso Informe sobre la Reforma Agraria, a finales del siglo XVIII. Y siguiendo esas pautas el Ministerio Godoy inició medidas desamortizadoras desde 1801. Una medidas que se ampliaron con gran profusión durante la Guerra de la Independencia en un doble sentido: José I Bonaparte dictó y ejecutó medidas de desamortización, entre 1809 y 1811; y las Cortes de Cádiz, también aprobaron medidas de liberalización de la tierra y de los precios agrícolas, sobre la base de una profunda desamortización. Todas ellas se suspendieron en 1814. Nuevamente se adoptaron medidas análogas entre 1820 y 1823, y nuevamente fueron suspendidas –que no abolidas- en 1824.

En segundo lugar, desde finales del siglo XVIII, el Papado había autorizado la abolición de las órdenes religiosas que estuviesen integradas por 12 o menos miembros en total. Cierto que no se trataba de una exigencia, sino que se trataba más bien de una posibilidad abierta para ciertos casos de abusos notables. El Rey de España, su Católica Majestad Carlos IV, tenía concedido el privilegio papal de ejecutar por sí mismo esas medidas de disolución de esas órdenes religiosas, en los casos que puntualmente se presentasen, pudiéndose quedar el Estado con los bienes de las mismas, a cambio de garantizar la subsistencia de los disueltos y de aplicar sus bienes a fines de utilidad social. Con esa base se habían sugerido por Jovellanos, y acometido por Godoy, las primeras disposiciones desamortizadoras. También fue esa misma la base legal de las medidas desamortizadoras emprendidas por José Bonaparte, por la Cortes de Cádiz y por los revolucionarios de 1820. También bajo Martínez de la Rosa (1834) y sobre todo bajo el gobierno Toreno (1835), se relanzaron medidas desamortizadoras, con esa misma base, que fue también la base de la desamortización de Mendizábal.

En tercer lugar, no puede olvidarse que el enorme apoyo clerical a la facción carlista, fue también causa determinante de los decretos de desamortización general. Pero el apoyo de la Iglesia y del Papado a Don Carlos, con ser considerable y entusiasta, no fue total. El carlismo encontró en los obispados y en el clero regular, en las órdenes religiosas, el verdadero nervio y núcleo central de su rebelión. Pero frente al alineamiento radical de los obispos con Don Carlos y pese a que las órdenes religiosas suministraron abundantes medios humanos y materiales a los rebeldes, la mayor parte de los integrantes del clero secular (párrocos y sacerdotes diocesanos), más urbano y ciudadano, como la mayor parte de los católicos alineados con la Constitución, o como la Reina Regente y la corte, comprendieron la necesidad de adoptar las medidas desamortizadoras, y las apoyaron. Sólo los carlistas estuvieron siempre en contra de la desamortización.

La desamortización de Mendizábal se hizo mediante Decreto de octubre de 1835, que declaró disueltas la totalidad de la órdenes religiosas que tuviesen 12 o menos integrantes en total, y mediante Decretos de febrero y marzo de 1836, se estableció la nacionalización de esos bienes y su venta, que comenzó el mismo año de 1836. La enorme masa de bienes nacionales así adquiridos fue la base económica que permitió restaurar el crédito internacional de España y permitió comenzar la ordenación y el saneamiento de una Hacienda Pública destruida desde 1814. Fiel a la base legal en que se fundamentó la desamortización, la subvención general al clero se estableció en el mismo Decreto de 1835 que ordenó la disolución de las órdenes religiosas. Más aún, los progresistas tuvieron buen cuidado de consignar ese compromiso constitucionalmente, de modo que el artículo 11 de la Constitución de 1837, consagró la asignación civil al clero. Una asignación vigente todavía en 2004, lo que hace pensar a algunos que cuántas veces se habrá pagado la desamortización ya.

2) La liberalización de los precios agrícolas

Consecuencia directa de la desamortización fue la creación del mercado inmobiliario, el aumento de las roturaciones y de la superficie cultivada, con el consiguiente aumento de los excedentes que pudieron dedicarse al mejor abastecimiento del mercado nacional y, también, al de mercados extranjeros. La acumulación de recursos de origen agropecuario y la riqueza generada por al aparición del mercado inmobiliario, permitieron a España iniciar la vía del desarrollo industrial en los decenios siguientes.

3) La liberalización de oficios y profesiones

Complemento indispensable de una economía de mercado, fue la declaración de la libertad de movimientos y de la libertad de ocupación y para escoger oficio o profesión, que quedaron consagradas en la Constitución de 1837. Esta reforma, adoptada en diciembre de 1836, perduraría ya definitivamente en nuestro país.

4) La creación de las bases del sistema bancario

También la disolución de las órdenes religiosas tuvo un efecto importante en este sector, el financiero, cumbre y centro de mando principal en una economía comercial e industrial. Hasta el siglo XIX, en España, en ausencia de judíos, el crédito había estado monopolizado por las órdenes religiosas, que prestaban bajo garantía hipotecaria y bajo pena de excomunión a los que se retrasasen en el pago, sin que se produjese la aparición de entidades bancarias privadas o particulares. Mendizábal estableció las condiciones para la creación de bancos privados, que alcanzarían en los años siguientes algunos hitos notables, como la aparición del Banco Urquijo, al calor de la construcción de los ferrocarriles, o del Banesto, al hilo de las explotaciones mineras en la zona de Linares (Jaén).

EL JUICIO DE SU TIEMPO

Mendizábal abandonó el Ministerio de Hacienda, por última y definitiva vez, en 1843, viviendo hasta su muerte rodeado de la consideración general. La polémica sobre la figura de Mendizábal no es de su tiempo, sino posterior. Tanto las corrientes socialistas (marxistas y anarquistas) como la reacción integrista católica (carlistas), activaron hacia finales del siglo XIX la polémica, desde posiciones aparentemente antagónicas, pero coincidentes en la crítica y en la razones de la misma.

En su tiempo, su figura mereció los elogios más entusiastas, como los de Pirala, o los denuestos más injuriantes, como los recibidos del campo carlista. Pero en 1939, al instaurarse la dictadura franquista, en la que el carlismo tuvo un peso político muy considerable, la imagen de Mendizábal comenzó a tratarse, hasta en la enseñanza, desde la más rancia y ultrarreaccionaria perspectiva carlista. Como intermedio cabe citar el juicio de Modesto Lafuente, en su Historia General de España:

“... la difícil obra que es justo reconocer tuvo Mendizábal el honrado deseo de dar cumplida, además de ser tarea un tanto superior a sus dotes de gobierno, exigía encontrar en los hombres de ambos campos de cuya cooperación necesitaba, en el de los estatutistas (moderados), como en el de los revolucionarios, un patriotismo y una abnegación de que no dieron pruebas ni uno ni otro de los elementos políticos que debían concurrir a que no quedase reducida a utopía la patriótica aspiración de Mendizábal”.

Pla
9 de octubre de 2004

Mensaje por **Prinz Eugen** » 10 Oct 2004

Mira Pla, ante lo que hizo Mendizabal soy de la misma opinión que Pío Moa http://www.archimadrid.es/alfayome/menu ... slafe3.htm

Sin embargo, el jacobinismo se asentó en el país, sobre todo, a través de logias masónicas militares, tuvo el anticlericalismo como su rasgo más marcado, y no contribuyó en lo más mínimo a cambiar las ideas que la gente se había hecho sobre él a partir de la experiencia. Al contrario. Muy débil, por su aislamiento, el jacobinismo recurrió enseguida a la violencia: suya es, contra lo que muchos creen, la invención de los pronunciamientos militares, tan dañinos para la estabilidad del país durante el siglo XIX. De él proceden las incitaciones al asesinato de frailes, con calumnias como la de que habían envenenado las fuentes. La Desamortización de Mendizábal fue otro hecho indicativo. La medida, seguramente necesaria, pero realizada a la manera jacobina, es decir, brutal y sin respeto al derecho de propiedad, resultó asoladora. Cientos de miles de personas que vivían en terrenos eclesiásticos fueron expulsadas, formando un ejército de mendigos, delincuentes y otros marginados, abono para la demagogia y la convulsión social. La desforestación fue muy intensa. Grandes bibliotecas se dispersaron o se perdieron, obras de arte de primera magnitud desaparecieron, se hundieron joyas arquitectónicas. Un ejemplo entre muchísimos: el Gobierno ordenó destruir el monasterio de La Rábida, cuna del descubrimiento de América, y sustituirlo por un monolíto. Todo ello no impedía a nuestros jacobinos invocar exaltadamente la cultura.

Con eso y que lo que dijiste

3) La obtención de ayuda militar directa de Francia, Inglaterra y Portugal, los países integrantes de la Cuádruple Alianza, que llegaron a desplegar en España un contingente total de más de 10.000 hombres, en los momentos de mayor intensidad de la guerra, en 1836 y 1837. Unos refuerzos que también contribuyeron facilitar los esfuerzo general de hombres y medios que solicitaban tan apremiantemente los generales.

no deja de estar claro a qué países les interesaba esta situación.

Pla escribió:Conviene Tener presentes tres nociones claras, para abordar esta cuestión, que ha llegado a ser la más polémica de su mandato, aunque ello sea debido más a la ignorancia del contenido efectivo de los Decretos de Disolución de Órdenes Religiosas de 1835, y de Desamortización de 1836.
En primer lugar, se ha de recordar que la desamortización de 1836 no fue la primera ni la única. Ya Jovellanos había recomendado esta medida en su famoso Informe sobre la Reforma Agraria, a finales del siglo XVIII. Y siguiendo esas pautas el Ministerio Godoy inició medidas desamortizadoras desde 1801. Una medidas que se ampliaron con gran profusión durante la Guerra de la Independencia en un doble sentido: José I Bonaparte dictó y ejecutó medidas de desamortización, entre 1809 y 1811; y las Cortes de Cádiz, también aprobaron medidas de liberalización de la tierra y de los precios agrícolas, sobre la base de una profunda desamortización. Todas ellas se suspendieron en 1814. Nuevamente se adoptaron medidas análogas entre 1820 y 1823, y nuevamente fueron suspendidas –que no abolidas- en 1824.

Todas esas medidas desamortizadoras fueron moderadas y acordadas con sus propietarios (es decir, a cambio de algo, por tanto respeto a la propiedad), o simplemente no se cumplieron, cosa que no se hizo ni con las de Mendizabal, ni con las de Madoz.

Pla escribió:En segundo lugar, desde finales del siglo XVIII, el Papado había autorizado la abolición de las órdenes religiosas que estuviesen integradas por 12 o menos miembros en total. Cierto que no se trataba de una exigencia, sino que se trataba más bien de una posibilidad abierta para ciertos casos de abusos notables. El Rey de España, su Católica Majestad Carlos IV, tenía concedido el privilegio papal de ejecutar por sí mismo esas medidas de disolución de esas órdenes religiosas, en los casos que puntualmente se presentasen, pudiéndose quedar el Estado con los bienes de las mismas, a cambio de garantizar la subsistencia de los disueltos y de aplicar sus bienes a fines de utilidad social.

Así es, y Mendizabal se pasó por el forro los derechos de sus propietarios legales, reconocidos en los acuerdos que habían alcanzado el Rey de España y los Estados Pontificios. Fue un robo, y un atropello ilegal. Ya me gustaría saber su opinión si el Gobierno le usurpara su propiedad, sin pagarle nada a cambio, ni velar por el futuro de sus inquilinos (es decir los que habitan o viven de las rentas de dicha propiedad).

Pla escribió:Con esa base se habían sugerido por Jovellanos, y acometido por Godoy, las primeras disposiciones desamortizadoras. También fue esa misma la base legal de las medidas desamortizadoras emprendidas por José Bonaparte, por la Cortes de Cádiz y por los revolucionarios de 1820. También bajo Martínez de la Rosa (1834) y sobre todo bajo el gobierno Toreno (1835), se relanzaron medidas desamortizadoras, con esa misma base, que fue también la base de la desamortización de Mendizábal.

Pero no se conformó sólo con esa base, y la extendió por su cuenta sin ni siquiera indemnizar a los perjudicados por la barbaridad que iba a acometer.

Pla escribió:En tercer lugar, no puede olvidarse que el enorme apoyo clerical a la facción carlista, fue también causa determinante de los decretos de desamortización general. Pero el apoyo de la Iglesia y del Papado a Don Carlos, con ser considerable y entusiasta, no fue total.

Ni total ni considerable, fue mínima y a nivel puramente local y puntual, pero la propaganda ultraliberal de entonces la exageró en demasía con infamias de bulos sobre envenamientos de aguas por parte de sacerdotes, o asesinatos de inocentes, al peor estilo "pogrom", que ya se vió con Robespierre en Francia.

Pla escribió:El carlismo encontró en los obispados y en el clero regular, en las órdenes religiosas, el verdadero nervio y núcleo central de su rebelión. Pero frente al alineamiento radical de los obispos con Don Carlos y pese a que las órdenes religiosas suministraron abundantes medios humanos y materiales a los rebeldes, la mayor parte de los integrantes del clero secular (párrocos y sacerdotes diocesanos), más urbano y ciudadano, como la mayor parte de los católicos alineados con la Constitución, o como la Reina Regente y la corte, comprendieron la necesidad de adoptar las medidas desamortizadoras, y las apoyaron. Sólo los carlistas estuvieron siempre en contra de la desamortización.

No lo considero como cierto, todo es falso, y parte de la propaganda ultraliberal de entonces, no se puede estar en misa y repicando, o una cosa u otra, los famosos curas guerrileros, eran veteranos de la Guerra de Independencia contra el invasor francés, y los "afrancesados", y volvían a la guerra por creer defender a la patria por la misma razón. Tampoco hay que involucrar a los capellanes del Ejército tanto "carlista" como "cristino", que pocas veces sólo combatían en casos de combate cerrado (defendiéndose de emboscadas o de cercos) o ni siquiera eso.
Sin embargo sí que se asesinó y cometieron desmanes contra religiosos y lugares donde habitaban http://www.biopsychology.org/tesis_pascual/mendi071.htm por parte de agentes ultraliberales.

Pla escribió:La desamortización de Mendizábal se hizo mediante Decreto de octubre de 1835, que declaró disueltas la totalidad de la órdenes religiosas que tuviesen 12 o menos integrantes en total, y mediante Decretos de febrero y marzo de 1836, se estableció la nacionalización de esos bienes y su venta, que comenzó el mismo año de 1836. La enorme masa de bienes nacionales así adquiridos fue la base económica que permitió restaurar el crédito internacional de España y permitió comenzar la ordenación y el saneamiento de una Hacienda Pública destruida desde 1814.

8) No, las de menos de doce y de más, todas las que quiso, para muestra un botón, mira los cuadros de http://www.biopsychology.org/tesis_pascual/mendi071.htm en la Provincia de Zaragoza y verás que casi todas esas Órdenes tenían más de 12 religiosos.
Respecto a la ordenación y saneamiento de la Hacienda Pública, "destruida desde 1.814", (curioso, como si durante Godoy, y durante la Invasión Napoleónica no se destruyó por completo) te remito a http://www.fuenterrebollo.com/Masoneria/mendizabal.html

No resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda.

· No produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores.
Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Por otra parte, las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales, de baja calidad, por lo que la productividad media descendió.
Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.

· Reforzó la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte.
Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores.
Unos y otros constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II (tanto en el partido moderado o en el progresista, ambos identificados con el régimen liberal).

· Tanto en el medio rural como en las ciudades, la clase humilde de la nación no podía comprar, bien porque no llegaba información de las subastas, o bien porque se encontraban con subastas amañadas por los potentados locales, que solían estar en connivencia con quienes presidían las subastas.
La desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador.
La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

· Provocó un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

Es decir que por las prisas y hacerlo sin permiso y con total atropello hacia sus verdaderos propietarios, y con verdadera desidia en las ventas se cometió uno de los peores errores de la Historia de España.

Pla escribió:Más aún, los progresistas tuvieron buen cuidado de consignar ese compromiso constitucionalmente, de modo que el artículo 11 de la Constitución de 1837, consagró la asignación civil al clero. Una asignación vigente todavía en 2004, lo que hace pensar a algunos que cuántas veces se habrá pagado la desamortización ya.

Es falso, ese artículo era para compensar la supresión del "Diezmo", un derecho que tenía la Iglesia para con sus feligreses, y que el Gobierno "compró" ese derecho para poder hacer uso de él. Respecto a la Contribución de Culto fue en 1.845 http://www.fuenterrebollo.com/Masoneria/mendizabal.html

Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. La Iglesia había dejado de ser el Estamento privilegiado, si bien conservaba una enorme influencia en el pueblo y en la educación, que casi monopolizaba.

es decir 8 años después del "robo".

Saludos. egc1_010 egc1_043

Pla · Mensaje por **Pla** » 11 Oct 2004

<<El clero, ese importante cuerpo social que
contaba en su seno las primeras capacidades
de España; que superaba a todos en riqueza;
que llenaba los vacíos de sus filas con lo más
brillante de la juventud, que se había apoderado
de su educación y la dirigía y la formaba a su
placer; cuerpo rico, ilustrado y distinguido, era el
mayor enemigo de la riqueza, de la ilustración y de las
distinciones. De la riqueza, porque la monopolizadora
amortización de sus bienes y la insoportable prestación
diezmal ahogaban los gérmenes de la prosperidad general;
de la ilustración, porque concluirían sus gestiones cuando
el pueblo fuera instruido; y de las distinciones, porque
terminaría su omnímoda influencia cuando cesasen sus
funestos privilegios>>

Antonio Pirala.- Op. cit., Tomo I, libro 1º, pag. 35.

Estimado Prinz:

No voy a insistir en cosas como que la exclaustración excesiva fue consecuencia del Decreto de exclaustración de Toreno, de mayo de 1835, o en que el Decreto de Disolución de Órdenes, de 11 de octubre de 1835 (hoy hace 169 años) instauró y ordenó el pago de 5 reales mensuales a los exclaustrados, aunque la situación no se regularizó hasta 1846, lo que no significa que no se hiciesen pagos con anterioridad a esa fecha; tampoco insistiré en el carácter revolucionario de la medida, por cuanto venía a legalizar la situación creada por los hechos (y la violencia), con anterioridad de la llegada de Mendizábal a España; ni en que el Decreto de 11 de octubre de 1835 sobrepasó las constituciones pontificias únicamente en cuanto que obligó también a que, cuando en una población había más de un convento de una sola orden, se les obligaba a reunirse en un único convento a todos. Ni siquiera recordaré que los conventos de religiosas no fueron inquietados, salvo en sus propiedades. Y hasta te paso por alto la interpretación del artículo 11 de la Constitución de 1837 (no citaré el texto) , que es la única Constitución Española (y mira que la lista es larga) en la que figura la asignación al clero.

Porque hay una cuestión más importante que toda esa colección de pequeños detalles, en los que las fuentes directas de la guerra carlista y de la historia del proceso revolucionario del decenio 1833-1843, probablemente te darían bastantes sorpresas, como en el grado de participación de religiosos en el bando carlista, como combatientes. Hay algo más crucial, cual es resolver algunas dudas y dificultades de nuestra historia. Y Mendizábal es muy apropiado para ello.

Cuando escuchamos a la historia, a nuestra historia nacional, percibimos que nos habla siempre, al menos, con dos voces distintas. La voz del pasado y la voz del presente. Dos voces que tratan de responder a dos muy distintas inquietudes: la del historiador y la del ciudadano. Así, el historiador que estudia, por ejemplo, las palabras del discurso preliminar de la Constitución de Cádiz, de Agustín Argüelles, o el Manifiesto de Mendizábal a la Reina Regente y a la Nación, quizás pueda interrogarse sobre su más exacto significado entonces, en aquellas crisis trascendentales de nuestra historia. Mientras que los ciudadanos, como nosotros, lo que nos hemos de preguntar será, más bien, qué significan esas ideas hoy y para nosotros. El historiador está preparado para realizar la reconstrucción de los sentidos originarios. Sabe esperar, pacientemente, a veces largos años, para aportarnos algún conocimiento nuevo sobre, por ejemplo, las condiciones en que Espartero y Maroto se reunieron en Vergara, para concluir la Iª Guerra Carlista. El buen historiador elude extraer conclusiones apresuradamente y evita que éstas sean demasiado sencillas. El ciudadano necesita la visión clara y en perspectiva que es capaz de encontrar el rastro del pasado en el presente.

Así que establezcamos los términos reales del debate. Más que como amigos, como conciudadanos, que es algo más. Sin exageraciones, que no es tanto como hermanos, aunque incorpore la idea de fraternidad, como las de igualdad y libertad. Porque los términos reales han de ser otros que la pelea del detalle para salvar al fin, con más o menos penalidades, al personaje. Y no son otros que la consideración de la Figura de Mendizábal, en tanto que encarna personalmente como nadie el genio y el impulso de la década revolucionaria de 1833 a 1843. Se trata pues de medir, pesar y decidir. Pero para estas delicadas operaciones no nos es útil la opinión de Moa. No puede serlo. Como decía Heráclito de Efeso, el ojo poco avezado descubre siempre muchas similitudes. Pero la crisis revolucionaria de 1833-1843 poco o nada tiene que ver con las crisis que él sí conoce, y con detalle, pero cuyas similitudes reales con la un siglo antes están muy por encima de los superficiales juicio y análisis que facilita. Y así, con el descarte, dejemos también a D. Juan, por mucho que abulte, porque los términos reales del debate, en lo que nos interesa, son el enjuiciamiento de esa década, que dejó sentado el desarrollo en España del modelo de libertad moderna: gobierno representativo en lo político y libre mercado en lo económico. Y para ello tuvo que despejar las múltiples trabas que impedían su instauración en nuestro país.

Dos aspectos señalo, pues:

1) La instauración del modelo político y económico de los países que han seguido la el camino de la riqueza y el bienestar.

Es cierto que se puede contra argumentar que, de todos modos, eso hubiera terminado por suceder, inevitablemente. Mi pesimismo antropológico admite excepciones: yo creo que también hubiera terminado por suceder de todos modos. Pero sucedió entonces, ahí y con esos personajes. Los lineamientos que ellos definieron perviven todavía: las Diputaciones Provinciales y la Guardia Civil, frutos ambas de un famoso decenio revolucionario, por paradójico que a alguno le pueda parecer (no es fácil contemplar a la Guardia Civil como “la hija de la revolución”, ¿eh?). Cuestionadas muchas veces, perfeccionadas y mejoradas en ocasiones, siguen en pie, estableciendo la continuidad indiscutible de un Estado Nacional, desde hace más de 169 años.

2) La Revolución como método

Poco se le puede reprochar a Mendizábal el que tuviese una especial inquina personal contra el clero. Algunos de sus admiradores más fervientes, como Pirala, con el que tuvo trato personal, eran religiosos. Ni siquiera Moa, en el texto que acompañas, le relaciona con los excesos revolucionarios directamente. El cuestionamiento que se realiza desde las falacias (en sentido técnico) del presunto “tremendismo anticlerical” de Mendizábal, no es sino una coartada para enmascarar la crítica (realmente difícil, dada la guerra carlista desatada por los idem) al carácter revolucionario del periodo, y hacerla pasar como un caso más (¡como en el 36!, igualito, igualito) de desmanes anticlericales. La revolución podría así haber tenido sus causas, pero se deslegitimaría por sus métodos.

Esta falacia (insisto, dicho sea en su sentido más técnico), se desautoriza por sí sola, pues empieza por acudir a su propio enmascaramiento. No creas que me gustan las revoluciones, aunque justo es reconocer que tienen un cierto aire de épica muy tentador. La revolución, aún en el caso de que esté justificada, no podemos perder de vista que pertenece al estadio más inferior del desarrollo social del hombre, por cuanto que significa el recurso a la pura violencia para producir un cambio político. La vía de las reformas, de la que Inglaterra ha sido paradigma, es mucho más de mi gusto, no te quepa duda.

Pero fíjate que ni siquiera Inglaterra ha conseguido verse libre de violencias revolucionarias en momentos trascendentales de su historia, como 1640, 1653 o 1688. Por eso es inevitable concluir que las revoluciones tienen causas y que las violencias de sus estallidos, si bien son difícilmente justificables (casi nunca lo son), se legitiman en función de sus resultados, exclusivamente. La única revolución realmente triunfante de la historia, debió su éxito a las más de tres mil millas que separan Inglaterra de sus colonias norteamericanas, pero ello no le libró tampoco de violencias injustificadas. Las demás revoluciones de la época moderna miden el grado de sus derrotas en las aportaciones duraderas que legaron a la sociedad que realizó la revolución: hagamos el balance.

Saludos ciudadanos

Mensaje por **Prinz Eugen** » 13 Oct 2004

De acuerdo Pla, pero primero haré un comentario sobre el texto de Pirala.

Pirala escribió:El clero, ese importante cuerpo social que
contaba en su seno las primeras capacidades
de España; que superaba a todos en riqueza

Ya, y la Aristocracia, la Corona, y la Alta Burguesía estaban en calzoncillos, ¿no?, menuda demagogia más barata, se nota que barre para su partido.

Pirala escribió:que llenaba los vacíos de sus filas con lo más
brillante de la juventud, que se había apoderado
de su educación y la dirigía y la formaba a su
placer;

Ya, ¿y sentía envidia tal vez?, ¿desde cuando se preocuparon las autoridades civiles de la educación?, ¿por qué les pagaban dichas autoridades 4 perras a los maestros al año, si les pagaban?, si se quitaba la educación religiosa simplemente no habría educación, o muy poca.

Pirala escribió: cuerpo rico, ilustrado y distinguido, era el
mayor enemigo de la riqueza, de la ilustración y de las
distinciones.

Menos mal que no dice que era ignorante, sólo faltaba eso. La Iglesia era y es enemiga de la ambición desmedida, del dinero por el dinero (vamos del robo, y por ende del crimen), y de la manipulación "ilustrada", con parte de verdad y mucha de mentira. De las distinciones por supuesto, no les gusta que nadie alarde de riqueza y poder, sobre todo ante los más necesitados.

Pirala escribió:De la riqueza, porque la monopolizadora
amortización de sus bienes y la insoportable prestación
diezmal ahogaban los gérmenes de la prosperidad general;

Eso es un sinsentido, pues si fuera desamortizada legalmente, la primera que sacaría liquidez de terrenos baldíos o que aumentan de valor por estar altamente urbanizada, sería la Iglesia, y no fue así. En cuanto al Diezmo, no es ni sombra de lo que cobraron luego los liberales para pagar los chollos de la clase política.

Pirala escribió:de la ilustración, porque concluirían sus gestiones cuando
el pueblo fuera instruido;

¿Y eso no lo hacen e hicieron las autoridades civiles?, luego es el ¡ya te apañarás!. Sin embargo en la carrera eclesiástica te podías dedicar en vida a los que aprendiste, y muchos de esos liberales (sino todos) estudiaron en escuelas religiosas.

Pirala escribió:y de las distinciones, porque
terminaría su omnímoda influencia cuando cesasen sus
funestos privilegios>>

Menos privilegios que la Aristocracia, la Corona y la Alta Burguesia, que formaban parte del "Antiguo Régimen", y más legales en cuanto salieron del Imperio Romano, y reconocidos por todos los reyes hasta entonces.

Por último comentar algo de lo que dijiste.

Pla escribió:Estimado Prinz:

No voy a insistir en cosas como que la exclaustración excesiva fue consecuencia del Decreto de exclaustración de Toreno, de mayo de 1835, o en que el Decreto de Disolución de Órdenes, de 11 de octubre de 1835 (hoy hace 169 años) instauró y ordenó el pago de 5 reales mensuales a los exclaustrados, aunque la situación no se regularizó hasta 1846, lo que no significa que no se hiciesen pagos con anterioridad a esa fecha; tampoco insistiré en el carácter revolucionario de la medida, por cuanto venía a legalizar la situación creada por los hechos (y la violencia), con anterioridad de la llegada de Mendizábal a España

Pero Mendizabal no pagó dichos reales, ni solucionó la injusta exclaustración de los religiosos, ni convirtió la Desamortización en Desvinculación, como hicieron con los nobles, lo que permitiría conservar la propiedad a la Iglesia, pero les obligaría a vender a precio de mercado las propiedades, si había ofertas para ello. En la práctica a la Iglesia les robaron la propiedad, pues no se les indemnizó en la práctica (hasta pasados 8 años en parte), ni siquiera con Bonos de Guerra, o Deuda del Estado, ya que en teoría era una expropiación por necesidades del Estado (más bién del Gobierno) para no caer en la Bancarrota y pagar las deudas contraidas en el extranjero, sobre todo con Francia e Inglaterra (¿qué casualidad, no? ya estaban metidos por ahí también). Para eso el Gobierno llamó a Mendizabal de Londres para que "solucionara" dicha necesidad, y saneara la Hacienda Pública, muy endeudada sobre todo por la Guerra. En resumen, a la Iglesia no se les trató con la misma equidad que a la Nobleza (también del Antiguo Régimen, al igual que la burguesía ciudadana, aunque te parezca raro, así es.), fue una injusticia, y Mendizabal con sus prejuicios anticlericales arruinó una operación inmobiliaria colosal, en la que el mismo Gobierno, hubiese podido tener más capital, y más contribuyentes, las prisas y las presiones de su Gobierno le jugaron una mala pasada a Mendizabal.

Pla escribió:Pero la crisis revolucionaria de 1833-1843 poco o nada tiene que ver con las crisis que él sí conoce, y con detalle, pero cuyas similitudes reales con la un siglo antes están muy por encima de los superficiales juicio y análisis que facilita.

Tiene mucho que ver en cuanto que en los años 30 del siglo XX, los "revolucionarios" quisieron copiar a su manera lo sucedido 100 años antes con los liberales, e incluso algunos, como Azaña se proclamaron "continuadores del liberalismo del siglo XIX", cosa que como bién sabes sólo se parecieron en copiar únicamente lo peor de esa época, y muy mal copiado por cierto, incluso los superaron con creces.

Pla escribió:Poco se le puede reprochar a Mendizábal el que tuviese una especial inquina personal contra el clero.

Bastante, e incluso excesiva "inquina personal" contra el clero, sólo por eso no debió de aceptar el encargo por el que fue llamado desde Londres.

Pla escribió: las Diputaciones Provinciales y la Guardia Civil, frutos ambas de un famoso decenio revolucionario, por paradójico que a alguno le pueda parecer (no es fácil contemplar a la Guardia Civil como “la hija de la revolución”, ¿eh?

¿Es 1.844 (año de fundación de la Guardia Civil) un año dentro de la "Revolución"?, desde luego vaya "Revolución" que tenía de Jefe de Estado a una reina

, y que a diferencia de la de 1.820-23 no empezó con las armas, sino con intrigas palaciegas, y en vez de encerrar en prisión a Fernado VII, lo ganan para su causa (más bién la de su esposa como regente de su hija), muy curioso, sí señor

.

Pla escribió:(realmente difícil, dada la guerra carlista desatada por los idem)

Dílo todo, los carlistas se sublevaron primero porque defendían los derechos del Infante Carlos al Trono, ante las irregularidades que acompañó a "La Pragmática Sanción" http://www.fuenterrebollo.com/faqs-numi ... ncion.html .

Pla escribió:Por eso es inevitable concluir que las revoluciones tienen causas y que las violencias de sus estallidos, si bien son difícilmente justificables (casi nunca lo son), se legitiman en función de sus resultados, exclusivamente.

Eso no deja de ser algo maquiavélico, según eso no importan los medios, si los resultados lo merecen.

Pla escribió: La única revolución realmente triunfante de la historia, debió su éxito a las más de tres mil millas que separan Inglaterra de sus colonias norteamericanas, pero ello no le libró tampoco de violencias injustificadas.

La Revolución estadounidense es diferente, pues se desvincula de su metrópoli tras la guerra de Independencia Americana (visto del lado británico sería de Secesión, ¿curioso no?), por tanto al ser un país nuevo, empieza de nuevo también.

Saludos campechanos. egc1_010 egc1_043

Verdoy · Mensaje por **Verdoy** » 13 Oct 2004

Vaya, vaya qué buena pinta tiene esto amigos Prinz y Pla. Me lo dejo para el fin de semana

Saludos

Pla · Mensaje por **Pla** » 16 Oct 2004

Estimado Prinz:

Me parece entender que estarías de acuerdo en que son esos dos asuntos, modernización y revolución (por simplificar), los términos reales del debate, y no las venturas o desventuras singulares de D. Juan Álvarez y Méndez.

Sobre el texto de Pirala, situado en el libro I del Tomo I, de un total de siete tomos, y teniendo en cuenta que el desarrollo de su Historia es la explicación de esa y otras afirmaciones establecidas en el Discurso Preliminar y en el libro I del Tomo I, parece innecesario ahondar, ahora, mucho más en la profundidad de la materia y sobre lo acertado (o errado) de sus juicios y opiniones. Tranquilidad, porque ya saldrá.

Por último, antes, de empezar, debería precisar lo de la Guardia Civil, pues tienes razón al situarlo en 1844. Muchos conocerán la fábula del empeño del Duque de Ahumada, del Conde Vistahermosa y todo eso, para la creación de la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil no fue un proyecto de Narváez. Sin negar los méritos de los tres citados, Ahumada, Vistahermosa y Narváez, en la concreción y materialización de su creación, la Guardia Civil fue un proyecto del progresista González Bravo, quien fuera Presidente de las Cortes Constituyentes de 1837 (que aprobaron la Constitución de 1837) y también Presidente del Consejo de Ministros, entre enero y mayo de 1844. Narváez se limitó a recoger el proyecto aprobado y darle buen fin. En su Historia General de España, Modesto Lafuente dice del proyecto de González Brabo: "En otras cosas se notaba un pensamiento muy noble y beneficioso para la nación toda, el cual ha hecho que permanezcan y duren. Entre estas cosas durables descuella la creación de la Guardia Civil".

ENMARQUE DEL DECENIO 1833-1843

En 1808 se hundió la monarquía hispánica, su Estado y su organización, desaparecieron. En 1812 se dio cobertura institucional y legal al nuevo Estado nacional que pugnaba por nacer –y que podía haber nacido- a ambos lados del Atlántico. Pero todos sabemos lo que pasó, y para recordarlo ahora sería preciso extenderse innecesariamente. La restitución del régimen constitucional en 1820 permitió retomar la vía abandonada en 1814. Pero fue sólo un instante y, en 1823, el régimen constitucional fue destruido de nuevo, mediante la intervención del ejército francés. Perdidas las ocasiones de 1812 y de 1820 para haber realizado una profunda reforma de las estructuras políticas, económicas y sociales de la destruida Monarquía Hispánica, quedó al albur de cada uno de los territorios y nuevos países que emergieron de la quiebra general de 1824, atender su propia adaptación a las nuevas condiciones. Ya no podrían ser las Cortes Generales las que legislaran para los españoles de ambos hemisferios, pues cada uno de los países surgidos en América se tuvo que plantear sus propias soluciones. Sin duda que en todas partes se plantearon problemas análogos y, también, que en todas partes se hubieron de proponer soluciones que, al fin y al cabo, resultaron ser bastante similares a ambos lados del Atlántico. En la parte europea de la vieja monarquía, es decir, en España propiamente dicha, el gran proceso de reformas se dilataría a lo largo de todo el siglo XIX y primer tercio del XX, si bien menudearon los conatos revolucionarios y los golpes contra revolucionarios. Pero el periodo considerado tiene especial importancia por la irreversibilidad de los cambios producidos.

El mundo del Antiguo Régimen no era como éste en el que ahora vivimos, pero con casaca y peluca. La vinculación (amortización) de tierras, en sí misma, no tiene que parecerle a nadie ningún problema, ¿verdad?, sobre todo si no conoce los alcances jurídicos y económicos de la institución. Pero deberíamos reflexionar sobre el por qué de su exclusión y, a menudo, prohibición, en los Códigos Civiles modernos (bueno, era un tiempo en el que no había ni Códigos Civiles, siquiera). Si pensamos que la propiedad amortizada alcanzaba en sus dimensiones a más del 30% del total de la tierra cultivable, el problema era descomunal. La opinión de Jovellanos en su célebre Informe a la Ley Agraria, fue concluyente. También deberíamos reflexionar sobre la unanimidad que existió a lo largo de casi 70 años (1790-1858), sobre la necesidad de su aplicación, excepto por parte de los directamente afectados, claro. Jovellanos, Godoy, los Constituyentes de Cádiz, José I Bonaparte, los fisiócratas, los economistas, el Trienio Liberal (1820-1823), y hasta el mismo Fernando VII, Mendizábal y Madoz coincidieron en una medida que, según argumentas, era tan mala. Y también deberíamos reflexionar sobre el hecho de que ningún gobernante moderado, de los que se reconciliaban con la Iglesia, como Narváez, dieron nunca marcha atrás en estas materias. Reconocerás conmigo que, cuando menos, llama la atención, ¿no?

Bueno, era una época sin Código Civil, y en la que ser acreedor de según que principal Señor, noble o eclesiástico, podía ser peligroso, incluso muy peligroso. Y qué decir de las prohibiciones profesionales: los profesionales tenían que seguir los oficios sin posibilidad de cambios de actividad, salvo a través del ejército o de la iglesia; los nobles no podían ejercer el comercio, la industria, las ciencias o las profesiones liberales; y los hijos de los campesinos eran, a perpetuidad, siervos de su Señor. Lo de la libertad de empresa, profesión y oficio, no era como ahora, no tenía nada que ver. Tampoco es fácil hacerse idea, hoy en día, de lo que era un mundo regido por jurisdicciones como la Inquisición, o como las jurisdicciones eclesiásticas y nobiliarias especiales, separadas de la jurisdicción ordinaria, y en la que no existía Habeas Corpus, excepto en Inglaterra. Preguntémonos, también, por qué en las modernas Leyes de Enjuiciamiento, en la generalidad de los países, se proscribe la multiplicidad de jurisdicciones, admitiéndose únicamente contadas y medidas excepciones, así como se prohíben radicalmente los tribunales de honor, tan propios del antiguo régimen. Puede que no conozcamos bien las épocas antiguas y sus instituciones, pero no me negarás que es asombroso contemplar el rechazo radical de las mismas, cuando no su expresa prohibición, por las legislaciones actualmente vigentes en los países donde rige la democracia política y la economía de mercado. Por poner un ejemplo gráfico, pasa un poco como con la prisión por deudas que, con independencia de sus contrastadas virtudes para castigar la morosidad, está prohibida en todo el mundo civilizado, no ya democrático, sino simplemente civilizado. Piensa, también, que al mismo Jovellanos lo encarceló la Inquisición, a causa de sus opiniones sobre la reforma agraria.

Era una sociedad en la que el número de clérigos era muy alto respecto al total de la población. En algunos momentos de los siglos XVII y XVIII, en España, se acercó a casi el cinco por ciento de la población (¡uno de cada veinte!). Y es que la Iglesia era entonces bastantes cosas más que el aspecto institucional de una determinada confesión religiosa, por lo demás digan de todo respeto y hasta de admiración, a la vista de su singladura histórica. La Iglesia era un poder en el Estado que, además, ofrecía el problema adicional de su obediencia exterior, ya que la Iglesia Católica (el Papado), a su vez, era también un Estado de verdad, con sus ejércitos y sus guerras, con sus crímenes y su corrupción (¿realmente era ad maiorem gloriam dei?); era en fin, como todos los Estados. Y una gran parte de los clérigos, abades, obispos, canónigos, eran también importantes señores feudales. En países como España, donde la nobleza de estirpe antigua menudeaba ya a mediados del XVIII (los nobles eran, cada vez más, villanos ennoblecidos), la Iglesia Católica era la principal entidad feudal (si me permites una expresión simplona, que no es muy de mi gusto, pero nos ahorra letras). De hecho, en Cádiz, en 1811, la aguda inteligencia de José María Blanco-White, ya previó el futuro encontronazo al afirmar que
«en España se hallan en el día cuajados los embriones de los dos partidos que la han de dividir, cuando cese el temor de los franceses. Aunque el objeto de ambos, en último resultado, será el poder, el pretexto será la religión; o yo no conozco España»
La división en las Cortes de Cádiz entre “apostólicos” y liberales fue la que terminó por estallar como guerra civil en 1833. Y si no lo hizo antes se debió, sobre todo, a la equívoca actuación de Fernando VII durante su reinado, en el que sólo destaca el propósito de no querer compartir su poder absoluto, ni con el pueblo, ni con el clero, ni con los apostólicos, ni con los liberales. Pero en 1812 habían cambiado las cosas definitivamente para España, y aunque el nuevo orden no había terminado de nacer, se hacía absolutamente imposible restablecer el antiguo orden de cosas. Los apostólicos habían sido la base popular del absolutismo restaurado en 1814, y fueron la base de la Regencia de Urgell (1822-1823), contra le Trienio Liberal. Pero Fernando VII, una vez restablecido en el poder absoluto, en 1824 –como antes, en 1815-, se separó del partido clerical y retornó al sistema de gobierno que él decía preferir, el despotismo ilustrado. Pero ya con Ministerios, pues fue imposible volver a gobernar a través de los viejos Consejos y Audiencias. Aunque en ese propósito de ser un Déspota Ilustrado, se quedó en el primer término y, como en todo lo demás de su vida, no fue capaz de alcanzar más que el esperpento.

Pero la tendencia de los tiempos era imparable, lo que llevó al rey a ir otorgando cargos de confianza a gentes del liberalismo más moderado (Javier de Burgos, Cea Bermúdez), hombres capaces, pese a que siempre mantuvo al nefasto Calomarde como Primer Ministro. Tadeo Calomarde, un curioso personaje que llamaba al rey “el amo”, y que fue fusilado por los carlistas, ¡acusado de reaccionario! en 1839 (fusilamientos de Estella). También, la imposibilidad de hacer algo distinto, más que su agrado, condujo a Fernando VII a mantener una buena parte de las reformas del Trienio Liberal, lo que le llevó al enfrentamiento con el partido apostólico. Así, por ejemplo, se mantuvo vigente el Código Penal de 1822, nuestro primer código moderno; y la Inquisición no se llegó a restablecer, aunque se abolió el Decreto que la había prohibido. Y, por si fuera poco, pese a algunas dudas iniciales –que conllevaron retrasos de algunos años- el rey adoptó soluciones netamente “liberales”, como la aprobación del Código de Comercio de 1829, nuestro segundo código, obra de Sainz de Andino.
Todo ello llevó al partido clerical, que se creía –con razón- el vencedor de 1823, a chocar con Fernando VII. El choque más violento tuvo lugar con ocasión de la llamada “Guerra de los Agraviados” (primer conato de guerra carlista, entre 1826 y 1828). Choques que se sucedieron hasta alcanzar la gravedad de las alteraciones en el testamento del rey, en los últimos años de su vida. Todo muy esperpéntico, como el famoso dicho de Calomarde cuando fue abofeteado por la hermana del rey, a causa de sus miserables maniobras a favor de D. Carlos: manos blancas no ofenden. Fernando VII fue el tapón de una botella de champán que se venía agitando desde el siglo XVIII, como él mismo decía. A su muerte, el problema nacional se planteó en toda su crudeza. El partido Apostólico, gracias al concurso de D. Carlos María Isidro (uno de los niños del cuadro de Goya “La familia de Carlos IV”), pudo convertirse en partido Carlista, disimulándose así un tanto la composición predominantemente clerical del movimiento, pero del clero regular (órdenes religiosas), no del diocesano. Su base popular la componía el campesinado analfabeto de Cataluña, Vascongadas y áreas del Bajo Aragón y Maestrazgo. La componente clerical acabó siendo fatal para el propio carlismo, llevando a episodios tragicómicos, como los fusilamientos de Estella, en 1839, o como el brutal asesinato del Conde de España (Jefe supremo Carlista en Cataluña), a manos de los carlistas catalanes.

EL PERIODO 1833-1843 EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Sobre el proceso revolucionario de 1833-1843, pese a que su final efectivo se produjo en mayo de 1844, me parece un tanto frívolo sostener que, como revolución, dejó bastante que desear. Para afirmar eso sólo cabe sentir una admiración profundísima por alguna otra revolución que, al parecer habría sido más “auténtica”. En esto cometes un serio error. Las revoluciones no requieren de guillotinas siempre, como la reciente historia de Italia demuestra. Si recuerdas, entre 1992 y 1998, tras las campañas de “mani pulite” (manos limpias) Italia cambió de arriba abajo: reformada la Constitución, desaparecidos los viejos partidos políticos en su integridad y procesada la mayor parte de la clase política de la vieja República. Cierto que, a veces, son terribles: la revolución Francesa, en su época, despertó el horror incluso en los ambientes más liberales y republicanos, como en los entonces incipientes Estados Unidos de América.

Claro que no creo que tu admiración se dirija hacia una revolución fracasada, como la francesa, por favor corrígeme si me equivoco. La Revolución Francesa sirvió para llevar a Francia del débil despotismo de Luis XVI, al despotismo atenuado de Luis XVIII, a través del pantano sangriento del Terror y del despotismo de Napoleón. Las revoluciones francesas que se han sucedido desde entonces fueron las que eliminaron definitivamente al despotismo (1830), las que eliminaron a los Borbones del trono definitivamente (1848), y las que eliminaron la monarquía para siempre (1870). Un camino ciertamente tortuoso, que no invita a mucho optimismo. Lo que apuntas de que la revolución española fue “poco revolucionaria” puesto que fue una Revolución con Reina Regente a la cabeza, bueno, eso no es ninguna clase de objeción. La cosas vienen como vienen y son como son. Una hija le quita el trono a su padre y lo expulsa del país, y tenemos la Gloriosa Revolución de 1688, en Inglaterra. Y hasta tenemos en la Historia ejemplos en rosa de revolución, como lo de los Tiranicidas de Atenas, Aristogitón y Harmodio, que además de ser novios fallaron en el intento y, pese a su aparente fracaso, mira el éxito que alcanzaron al final: para recuperar su estatua, Alejandro destruyó Persia. Y vistas estas efemérides, no estará de más recordar también que la teoría política desde Maquiavelo hasta el comienzo del siglo XX, tendía a llamar Res Pública al Estado, para diferenciarlo de la Res Privata (patrimonio particular) del soberano, entre otras muchas cosas. De ahí que el republicanismo moderno se haya podido desarrollar razonablemente bien en todos los sistemas constitucionales, tuviesen o no establecida una monarquía.

Los rasgos genuinamente revolucionarios del decenio 1833-1843, se entrecruzan a lo largo del periodo con la Guerra Carlista (1833-1840): la reina regente llamó a los liberales para defenderse de los carlistas, y los liberales desarrollaron la revolución para derrotarlos, y lo consiguieron. Lo destacable, y lo que hace realmente revolucionario al periodo es que, a diferencia de 1812 o 1820, los cambios que trajo la revolución serían definitivos e irreversibles. En lo económico me remito al artículo de Velarde Fuertes que cité en otro lugar. Mendizábal desarrolló una reforma agraria netamente capitalista, sin atisbos socializantes, de ahí las críticas socialistas a su obra (y a la de Madoz). Pero el que no sean del gusto de los socialistas, que dicen que hubiesen preferido (vaya usted a saber lo que hubiesen hecho) una sistemática de reparto de tierras “a la francesa”, no convierte en mala la reforma agraria que fue, en definitiva, la desamortización. Los resultados tangibles fueron el incremento del valor de los inmuebles y el aumento de la superficie cultivada. Es muy frecuente que el aumento de la superficie cultivada implique reducción de la masa boscosa; reducción que se acentúa con el crecimiento acelerado de las ciudades, propio de un país con notables aumentos de población en el curso del siglo, como España. Una población que no se hubiese podido sostener ni incrementar a partir de 1840 de modo muy notable, si las reformas de Mendizábal no hubiesen iniciado un fuerte desarrollo económico con bases sanas, que provocó un rápido incremento de la riqueza.

El rasgo político más destacable de la política de colaboración entre moderados y progresistas que impulsó Mendizábal durante su Ministerio, fue la consolidación de unos primeros atisbos de lo que llegaría a ser la base del constitucionalismo español: la alianza política entre los sectores moderados de la derecha y la izquierda. Un sistema que dominaría la política española hasta 1923. Únicamente el carlismo y los republicanos y obreristas, quedaban entonces fuera del sistema. Además, a los carlistas moderados se les tendió la mano para que se incorporasen al conservadurismo, permanentemente. Entre 1836 y 1844, las cosas se sucedieron conforme a la legalidad , sin golpes ni levantamientos, en una línea de continuidad y alternancia. El relevo del radical Bardají por el moderado Duque de Frías al frente de la Presidencia del Gobierno, en diciembre de 1837, y la recuperación del poder por los radicales con Espartero, en 1841, sin que mediasen golpes de estado para todo ello, estableció la primera experiencia de turno pacífico de partidos en la historia de España, bajo la Constitución de 1837. Cierto que luego se repetirían los golpes y los contragolpes, hasta que la monarquía de Amadeo de Saboya y, tras la Iª República, la Restauración, estableciesen dicha alternancia como sistemática constitucional efectiva. Pese a las disputas internas del partido liberal y pese a su ruptura final en 1837, en el periodo 1833-1843, se establecieron las bases de la política española seguida hasta 1923, al lograr estabilizar como “bloque constitucional” a un amplio frente común contra el carlismo, en el que convivían -a veces fratricidamente, sí, pero convivían- todas las corrientes del liberalismo, desde los más moderados hasta los más radicales. Los liberales podían hasta matarse entre sí, a veces, pero siempre hacían causa común contra el carlismo. Y así fueron las cosas hasta 1923.

En cuanto a una hipotética persecución a la Iglesia, dejando para consideración aparte las matanzas de religiosos producidas en 1835 y 1836, en pleno ascenso militar del carlismo, no se puede perder de vista que la Reina Regente que firmó los Decretos de disolución de órdenes y de desamortización, era una ferviente católica, de hecho y de derecho, y que no perdió el título de Reina Católica por ello. Y no es menos cierto que la Iglesia reconoció y aceptó la desamortización, en 1851, sin grandes problemas, y que la desamortización fue incluso bien recibida por un considerable sector del clero secular. Y más aún, las ceremonias religiosas se celebraban con total normalidad, salvo en las zonas de guerra, donde los hábitos le resultaban sospechosos hasta a los más devotos católicos del ejército español. La reina Isabel II se casó por la Iglesia, en una boda de Estado, celebrada con el debido boato y pompa. Las matanzas de 1835 y 1836, deberían ser tratadas singularmente. En el Tomo II de la Historia de Pirala, se describen con gran detalle. Y a mí me da mucha pereza tratar esos asuntos tan morbosos.

DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA INTERNACIONAL

También el periodo significó un comienzo en materia de política exterior. La realidad de la España posterior a 1824, perdido definitivamente el territorio continental americano, requería de una redefinición de la política exterior española, acorde con la nueva realidad efectiva de España en el mundo. Sería injusto atribuir a Mendizábal todo el mérito del delineamiento de la política exterior de la nueva España nacida de las crisis sucedidas entre 1808 y 1824; pero también sería injusto no reconocer que la aportación de Mendizábal a la definición de unas líneas maestras básicas de la política exterior nacional, que se han mantenido hasta el presente.

Los contactos en América de Mendizábal, especialmente en Brasil, permitieron a españa iniciar el proceso de reconocimiento diplomático de las repúblicas continentales de América. Fernando VII nunca quiso reconocer las terribles pérdidas del Imperio y los gobiernos de 1833 a 1835, no tuvieron tiempo ni ocasión de atender la política exterior, a excepción de Martínez de la Rosa, impulsor principal, en 1834, de la Cuádruple Alianza (Francia, Inglaterra, España y Portugal). Pero fue Mendizábal fue quien desarrolló esa alianza. Poseía contactos directos con el parlamento y el gabinete, en Londres y en Paris y una excelente reputación en Lisboa. Dos líneas de la política exterior española que siguen constituyendo los ejes básicos de nuestra acción exterior: afirmar nuestra soberanía nacional mediante el equilibrio y contrapeso entre la influencia hegemonista anglosajona y la no menos hegemonista influencia francesa; y favorecer los intereses nacionales –económicos, comerciales y culturales- más propios, potenciando las relaciones con Portugal y las naciones hispánicas. Es decir, una política de afirmación de España y Portugal como la orilla europea del Atlántico, que mira hacia Europa y que mira hacia América.

No estuvo nada mal. Ni siquiera le faltó la épica, pues la guerra carlista, con episodios como el del combate del Puente de Luchana en la noche del 24 al 25 de diciembre de 1836; o episodios como el del fusilamiento de Diego de León, tras haber intentado el secuestro de la reina Isabel; o la vida de Aviraneta, el revolucionario por excelencia. En fin, historias impresionantes que otorgaron a España esa fama de país exótico, dentro de Europa, pero exótico, que tanto se ha empleado para el turismo desde 1960, y que suministran abundante material para las glorias y los fastos que celebran los callejeros de nuestras ciudades, tan repletos de generales y caudillos de las guerras carlistas, especialmente de la primera y del periodo 1833-1843.

Saludos

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Verdoy · Mensaje por **Verdoy** » 19 Oct 2004

Una pregunta: ¿Por qué sale el texto desconfigurado si no hay ninguna imagen grande que lo descuadre? Lo digo porque la lectura se hace muy pesada...

Saludos

Mensaje por **Prinz Eugen** » 21 Oct 2004

Verdoy, pues a mí no me sale descuadrada la página

: .

Pla, procuraré ir por partes y al grano del tema, esto es Mendizabal y la Desamortización. Mientras pongo un extracto del artículo de José Tomás Cabot, en el Extra de Historia y Vida nº 6, "Carlistas contra Isabelinos", titulado "La Regencia de María Cristina", páginas 78,79 y primer párrafo de la página 80.
....Los últimos pasteles de Martínez de la Rosa no tuvieron tanto éxito como los primeros y el presidente del Consejo tuvo que ceder su lugar a otro distinguido liberal, también diputado en Cádiz, historiador de note, don José Maria Queipo de Llano, conde de Toreno, situado un poco más a la izquierda que su antecesor y por eso más grato a la opinión pública, aunque quizá menos apreciado por la "camarilla" cristina.
El conde de Toreno, presidente del Consejo de Ministros durante sólo un breve y agitado trimestre (junio-septiembre 1835), accedió a los deseos populares y expulsó a los jesuitas, medida que completó con el cierre de todos aquellos conventos en los que vivían menos de doce religiosos. Fue durante su mandato que murió a consecuencia de una herida de guerra el más temible, por experto, de los generales carlistas, Zumalacárregui; y que ,los liberales obtuvieron la Importante victoria de Mendigorría. Entonces los generales del Ejército del Norte pidieron el último sacrificio a los politicos: el envio de una elevada suma de dinero para costear lo que ellos consideraban el esfuerzo final de la campaña.
Dado que en aquellos momentos el político más indicado para resolver problemas económicos era el ministro de Hacienda de Toreno, el masón Juan Alvarez Méndez (o Mendizábal, como se hacía llamar), no hubo más remedio que elevarle a la presidencia del Consejo, pese a la época estima que por él sentían la regente, su almohada y toda la camarilla.
La "apertura a sinistra" se consumaba. De un absolutista ilustrado se había pasado a un liberal contemporizador, dispuesto a contentar a todo el mundo; de éste a otro liberal que, por lo menos, se atrevía a enfrentarse con los jesuítas; y se llegaba por fin a un "judío" sin escrúpulos, hechura del liberalismo inglés y protestante, que pretendía pagar a sus tropas anticarlistas nada menos que con el dinero obtenido vendiendo las tierras de la Iglesia...

La Desamortización, o la necesidad de procurarse dinero con que pagar la guerra.

Mendizábal, que era un gaditano optimista y corpulento, descendiente de judíos, financiero hábil, muy seguro de sí mismo y que además contaba con el apoyo del Gobierno inglés, comenzó su gestión política como primer ministro decretando (11 de octubre de 1835) la extinción de todas las órdenes religiosas en España, con la excepción de los hermanos de San Juan de Dios y de los escolapios, en atención a la tarea humanitaria de los primeros y a la labor docente de los segundos.
Fracasado su propósito de conseguir un empréstito inglés para organizar y pagar la famosa leva de cien mil hombres que había de dar el golpe de gracia al carlismo, el expeditivo ministro decidió dar un nuevo paso en su política anticlerical, a fin de obtener dinero. Para ello decretó la nacionalización de todos los bienes de las órdenes extinguidas —tierras abundantes en toda la Península— y su puesta en venta mediante pública subasta (decretos de 19 de febrero y de 5 y 9 de marzo de 1836, así como otros posteriores que especificaban los detalles de procedimiento).
El Estado tasaría los bienes y convocaría la subasta. El mejor postor podría pagar en metálico o en títulos de la Deuda: una quinta parte del importe total inmediatamente; el resto, en dieciséis años al interés del 5 por ciento para los que pagasen en metálico, y en ocho años al interés del 10 por ciento para los que pagasen en papel del Estado.
Como en los tímidos intentos desamortizadores que se habían hecho antes (por ejemplo durante el Trienio Liberal), esta aparatosa operación de Mendizábal no respondía a una sincero deseo de reforma agraria. No se pensaba en la mejora de la producción ni en el beneficio del campesino pobre, sino en la exclusiva finalidad de obtener dinero para la guerra.
La desamortización de Mendizábal, como casi todas las decisiones políticas tomadas por los gobiernos liberales de 1833 a 1840, no podría entenderse en otro contexto que no fuera el de la guerra civil. La decisión se tomó con el fin de obtener dinero para avituallar un ejército. El mismo desarrollo de la Desamortización se produjo de acuerdo con la marcha de las operaciones militares: en un primer momento, indecisa la suerte de la guerra, hubo vacilación en las compras y escasez de participantes en las subastas; pero más tarde, cuando la guerra parecía ya decidida a favor de los liberales, se produjo una gran demanda porque ya no existía el temor de tener que devolver lo adquirido. Las zonas en las que la Desamortización se desenvolvió con más rapidez e intensidad fueron Madrid, la costa catalana, Baleares, la costa andaluza y Canarias; o sea, precisamente donde predominaba la clase burguesa o donde era más vivo el sentimiento anticarlista.
Los resultados que se esperaban de la desamortización fueron mediocres: el Estado liberal no obtuvo el dinero cuando más lo necesitaba ni en cantidad suficiente. Por tanto, la guerra no pudo ser decidida en el acto, mediante una rápida y fuerte aportación económica. Por otra parte, tampoco mejoró, en general, la producción agrícola: en algunos casos, los burgueses y aristócratas que habían adquirido las tierras, movidos por el espíritu de lucro, mejoraron los sistemas de cultivo. Pero esto fue una excepción. El absentismo y la desidia eran la regla. Hubo además una tala general de bosques (la madera vendida ayudaba a pagar el importe de los plazos impuestos por la aceptación de la subasta) y esto perjudicó grandemente al país.
Las consecuencias sociales tampoco fueron buenas. Los latifundios siguieron existiendo, con un simple cambio de dueño. Los campesinos pobres vieron agravada su condición, pues la Iglesia, más bien paternalista, no apremiaba tanto a sus jornaleros o arrendatarios como los nuevos propietarios burgueses. Se habían suprimido los derechos feudales, ya no existían vasallos, pero el nuevo jornalero del campo, agobiado por el trabajo y sin remuneración adecuada, vivía peor que sus padres.
La obra de Mendizábal no fue apreciada ni por sus mismos partidarios. Los que esperaban un milagro contundente de aquel "mago" de las finanzas, habían sido defraudados. No había mejorado la calidad material de la vida. La guerra continuaba. María Cristina se sentía cada vez más incómoda ante un ministro orgulloso que no guardaba con ella la compostura debida.

Como puedes comprobar, su idea resultó un fracaso abrumador, si hubiera sido su banco lo hubieran echado. También me gustaría saber porqué se fue a exiliarse a París tras la llegada de Narváez en vez de volver a Londres, ¿por qué sería?

.

P.D. seguiré con el tema y con los muchos abiertos en abánico por Pla, a ser posible en temas nuevos para no liar el tema principal.

Saludos. egc1_010 egc1_043

Mensaje por **Prinz Eugen** » 21 Oct 2004

Pla escribió:Por último, antes, de empezar, debería precisar lo de la Guardia Civil, pues tienes razón al situarlo en 1844. Muchos conocerán la fábula del empeño del Duque de Ahumada, del Conde Vistahermosa y todo eso, para la creación de la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil no fue un proyecto de Narváez. Sin negar los méritos de los tres citados, Ahumada, Vistahermosa y Narváez, en la concreción y materialización de su creación, la Guardia Civil fue un proyecto del progresista González Bravo, quien fuera Presidente de las Cortes Constituyentes de 1837 (que aprobaron la Constitución de 1837) y también Presidente del Consejo de Ministros, entre enero y mayo de 1844. Narváez se limitó a recoger el proyecto aprobado y darle buen fin.

Para esas fechas (1.844) González Bravo era ex-progresista y sumado al bando de los "moderados" http://www.xtec.es/~jrovira6/bio/gobravo.htm , http://www.biografiasyvidas.com/biograf ... _bravo.htm .

Saludos. egc1_010 egc1_043

Mensaje por **Prinz Eugen** » 22 Oct 2004

Pla escribió: Entre 1836 y 1844, las cosas se sucedieron conforme a la legalidad , sin golpes ni levantamientos, en una línea de continuidad y alternancia.

Entonces, ¿lo sucedido el 12 de Agosto de 1.836 no fue un golpe de Estado (me refiero al Golpe de los Sargentos de la Guardia Real en "La Granja", llamada "La Sargentada")?, ¿no fue otro golpe y motín lo sucedido en Barcelona y Madrid el Verano-Otoño de 1.840 entre partidarios de Espartero y la Reina María Cristina, la cual tuvo que renunciar a la Regencia por las presiones del General el 12 de Octubre del mismo año?, ¿y finalmente qué sucedió el Verano de 1.843, cuando Espartero se tuvo que fugar hacia Inglaterra?. Me parecen muchos golpes para no haber ninguno, y levantamientos hubo unos cuantos más, incluido el bombardeo de Barcelona por Espartero.

Saludos. egc1_010 egc1_043

Mensaje por **Prinz Eugen** » 22 Oct 2004

Pla escribió:Y no es menos cierto que la Iglesia reconoció y aceptó la desamortización, en 1851, sin grandes problemas, y que la desamortización fue incluso bien recibida por un considerable sector del clero secular.

Cuando por fin se firmó el Concordato entre el Gobierno de España y la Santa Sede, en el que se devolvía a la Iglesia todos aquellos bienes muebles e inmuebles que no fueron subastados, y aún en propiedad del Gobierno. Te cito a continuación lo siguiente;
LA IGLESIA Y EL ESTADO

El enfrentamiento dinástico provocado por el testamento de Fernando VII y la guerra civil que dividió a España en dos y cuyo resultado no se vio claro hasta bien entrada la década de 1830, hizo adoptar a la Santa Sede una actitud de espera prudente antes de reconocer a ninguna de las partes que se disputaban el trono.
Una vez terminada la guerra y asegurada en el trono Isabel II, la Santa Sede comenzó a cambiar su actitud de recelo y desconfianza hacia el sistema liberal encabezado por ella. Cuando fue elegido Papa Pío IX en 1846, el gobierno español concibió esperanzas de que se reconociese a la reina española y se restableciesen las relaciones diplomáticas que se habían interrumpido a raíz de las medidas desamortizadoras. En efecto, las relaciones se normalizaron en 1848, pero los acontecimientos que se produjeron entonces en Italia impidieron que se arreglasen las cuestiones pendientes que tenían ambos estados. La revolución había obligado a Pío IX a abandonar su sede en el Vaticano y a buscar refugio en la embajada española, que le facilitó el camino hacia Gaeta. En la conferencia que se celebró allí entre Francia y otras potencias, para ponerse de acuerdo sobre la forma de ayudar al Papa, no hubo unanimidad de criterio y algunas pusieron en movimiento sus tropas, de tal manera que cuando España quiso intervenir ya no era necesario.
Normalizada la situación política, pudo firmarse el concordato entre el Estado español y la Santa Sede en 1851, para ser ratificado y publicado por las Cortes. Las negociaciones habían sido largas y difíciles, pues se habían comenzado en 1844 con las instrucciones que había cursado el gobierno a Castillo y Ayensa, antiguo secretario y confidente de la reina madre María Cristina, designado para llevar a cabo en Roma los contactos con las autoridades vaticanas. La Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios llevó cuidadosamente las discusiones, porque la Santa Sede exigía, antes que nada, la suspensión de las ventas de los bienes que se habían incautado a la Iglesia para llevar a cabo su desamortización, y pretendía obtener la garantía de una decorosa dotación para el mantenimiento del clero.
Por su parte, los gobiernos moderados, en tanto no se sellase la normalización de las relaciones, fueron emitiendo una serie de disposiciones para allanar el camino al arreglo definitivo. Tal sentido tuvo la creación de seminarios en las diócesis en las que no había, o la concesión a los obispos de facultades para vigilar las escuelas públicas y las publicaciones consideradas nocivas.
El texto del concordato constaba de 46 artículos, y en el primero de ellos se reconocía la unidad católica de España, con gran escándalo del progresismo y de la naciente democracia. A continuación se establecía que la instrucción en las universidades, escuelas y seminarios, sería en todo conforme a la religión católica. Se estipulaba la libertad de predicación y actuación de los prelados y los demás ministros de la Iglesia, a los que el gobierno debía prestar su apoyo en su función. Y al mismo tiempo se recogía aquella disposición mediante la cual tendrían derecho a impedir la publicación de libros contrarios a la ortodoxia católica. Se establecía una nueva división de las diócesis, suprimiendo algunas y creando otras, como las de Madrid, Ciudad Real, Vitoria y Ceuta. En otro artículo se reguló el número y la composición de los cabildos y en otro se prescribió a los arzobispos y obispos que establecieran nuevas demarcaciones parroquiales en sus respectivas diócesis.
Con respecto a las órdenes religiosas, que constituían uno de los puntos más controvertidos del concordato, se estableció en el artículo 30 que «a fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados [...] el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los Colegios de Misiones de Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezca donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede». Los obispos emplearían la cláusula que permitía el establecimiento de «otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede» para permitir otra orden en cada diócesis, con lo cual obviaban todo propósito limitador.
En cuanto a las religiosas, el gobierno español se comprometía en el Concordato a fomentar el Instituto de las Hermanas de la Caridad y a conservar otras casas de monjas que se dedicasen a la vida contemplativa, dejando a los prelados los criterios de admisión y profesión de novicias en los conventos. Desde el artículo 31 hasta el 35, se fijaba la dotación de todo el clero, cardenales, arzobispos y hasta de los curas párrocos, a quienes se dejaba con menos medios y recursos con que vivir «que al más desvalido jornalero». Se establecieron también las dotaciones del gobierno para la subsistencia de las casas y las congregaciones religiosas. Además, el gobierno se comprometía a devolver a éstas los bienes de su pertenencia que aún no lo habían sido en virtud de una ley promulgada el 3 de abril de 1845 y los que aún quedaban por enajenar en los conventos de frailes. Por su parte, la Santa Sede suscribía el compromiso de instar a sus prelados a vender estos bienes en subasta pública y a que invirtiesen el producto en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado, al 3 %.
En el artículo 42, el Papa prometía por sí y por sus sucesores no molestar a los adquirientes de los bienes eclesiásticos desamortizados, reconociéndoles la propiedad de dichos bienes. Con ello se dejaba zanjada la cuestión de los escrúpulos morales que podían sentir aún aquellos católicos que habían participado en el gran negocio de la desamortización.
Con la firma del Concordato, el gobierno conseguía un doble propósito: por una parte, el reconocimiento del régimen liberal encabezado por Isabel II, y, por otra, la legitimación de las ventas de los bienes eclesiásticos desamortizados. La Iglesia también logró, mediante este acuerdo, dos cosas que le resultaban de vital importancia en esta época: en primer lugar obtuvo garantías suficientes por parte del Estado español para ejercer la libertad de jurisdicción sin ninguna traba ni obstáculo, y en segundo lugar consiguió una seguridad gracias a la declaración en la que el Estado se comprometía a atender el mantenimiento del culto y del clero como compensación al despojo sufrido. Sin embargo, la Iglesia perdía lo que hasta entonces había constituido la mejor defensa de su autonomía e independencia: sus bienes, que le habían permitido hasta entonces llevar una existencia en el orden material separada de cualquier otra instancia oficial.
Sacado de "Historia de España", Tomo 9 "La España de Isabel II", de Editorial Espasa, páginas 90,91, y 92.
Creo que así dejamos claro este punto, y que era ésto lo que debió negociar Mendizabal en su momento y no otro Gobierno 15 AÑOS DESPUÉS.

Saludos. egc1_010 egc1_043

Pla · Mensaje por **Pla** » 01 Nov 2004

Estimado Prinz:

Creo que no vale la pena insistir más en ello, así que resumamos. Según los datos de Velarde Fuertes, entre otros muchos, la Desamortización de Mendizábal fue muy positiva para la economía nacional, con independencia de los gastados argumentos -que no datos- adversos que suelen repetir socialistas y tradicionalistas, en lo que no deja de ser una extraña coincidencia. Eso es lo que hay, y nada más.

¿Exilio de Mendizábal en 1844?, recordaré que éste regresó a España en 1847 tras haberlo comunicado, a través del embajador en Londres -que no en París-, a Narváez, quien era entonces el líder indiscutible del gobierno moderado, y quien le aseguró que “su Excelencia” (le daba trato de ex-primer ministro a Mendizábal) podía retornar cuando desease. Según mis datos (A. Pirala) Mendizábal no se exilió en 1844, exactamente. Y, si bien pasó en París alguna temporada, su residencia, entre 1844 y 1847, estuvo en Londres. Dejemos, pues, lo del exilio en sus términos más correctos: Mendizábal conocía bien a los españoles y, hombre de negocios y financiero al fin, no le pareció aconsejable contraer “riesgos excesivos” en 1844. En realidad Mendizábal temía sobre todo a la Sra. Muñoz (la ex-regente, Mª Cristina), y no le faltaban razones para temerla. Pero las garantías de Narváez parecieron suficientes.

Pero, sobre todo, no merece la pena porque ¿qué son todas las pequeñas anécdotas biográficas ante esta sucesión de hechos, que nos revela una perspectiva del siglo XIX y del siglo XX, muy diferente de la usualmente difundida? Esta perspectiva no es la que se nos ha enseñado en los colegios. Y tampoco se ha planteado muy habitualmente. Por ejemplo, Ortega y Gasset, en su España Invertebrada (1927), se centra sobre todo en las hipotéticas “ausencias” de la Historia de España, en las que tanto insisten los que desconocen nuestra historia, más que en los hechos reales de la historia nacional, en su puro y simple transcurso de los últimos doscientos o trescientos años. Quizá sólo los viejos historiadores del siglo XIX, contemporáneos de los hechos y que conocieron en carne propia la amenaza del carlismo, supieron percibirlo mejor. Una perspectiva que, sin embargo, es la única que se amolda bien con los efectivamente sucedidos.

Y paradójicamente somos nosotros, los que disponemos de mejor perspectiva que ningún español anterior, los que no percibimos estas cosas. Y así vemos a muchos repetir, sin ningún fundamento (pero se repite), que la Historia de España es una sucesión ininterrumpida de dictaduras hasta 1978, lo que no es cierto. Porque si contemplamos la sucesión de los hechos realmente ocurridos, se aprecia un balance bastante más satisfactorio de lo que habitualmente se reconoce. Desde 1800, hasta hoy, España ha vivido un total de 127 años bajo regímenes constitucionales, con alternativas muy diversas, ciertamente, y 77 años bajo regímenes de despotismo o dictadura. Pues bien, si observamos más de cerca los hechos, apreciaremos que la consolidación del constitucionalismo español arranca, justamente, del periodo 1833-1843.

Un periodo que, bien mirado, alcanzaría, con varias interrupciones de revolución y contra revolución, un plazo de persistente continuidad en el constitucionalismo de casi 90 años seguidos, hasta 1923. Cierto que hubo alternativas muy variadas (hasta una efímera República) dignas de un estudio de mayor detalle que, sin duda, no podemos abordar ahora. Quizá la larga duración de la última dictadura, aunque concluyó hace ya casi 30 años, sigue pesando mucho en las conciencias y las confunde aún. Pero es una confusión que no tiene ninguna base firme, pues casi dos tercios de nuestra historia, en los últimos 204 años, se ha desarrollado bajo sistemas de gobierno parlamentarios. Hay algunos países europeos que podrán ofrecer un balance mejor, desde luego, pero no mucho mejor, a excepción de uno. Y hay también muchos países europeos que ofrecen un balance peor, incluso mucho peor.

A cambio, es rigurosamente cierto que la historia del constitucionalismo español ha sido muy convulsa, muy complicada y muy violenta. Indudablemente que fue así, y lo apropiado y conveniente sería incidir exactamente ahí, en ese asunto, pues seguramente será donde podamos encontrar las claves principales de nuestra historia más reciente. Pero eso es ya otro tema.

Saludos campechanamente ciudadanos.

NOTA sobre González Bravo.- España es un país de conversos y de grandes conversos: San Ignacio, san Francisco Javier, González Bravo. No le des mucha más importancia

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