Juicio de Nuremberg ( Juicio principal )

Introducción:

La idea de este artículo y de otros tres que pretendo enviar al foro de “El Gran Capitán” sobre el particular, es dar desde una óptica jurídico penal, acerca de los tribunales penales internacionales, que han juzgado crímenes cometidos con ocasión de conflictos bélicos -puesto que los aspectos históricos y políticos han sido ya bastante tratados y debatidos- partiendo por el de Núremberg en este artículo, para luego abordar el de Tokio, el de la ex Yugoeslavia y el de Rwanda.



Origen de los TPI:

I) Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fueron establecidos por primera vez en la historia de la humanidad “los Tribunales Militares Internacionales” TPI, y fueron dos que funcionaron de manera casi paralela:
a) El de Nuremberg, al que le correspondió el enjuiciamiento de los más importantes criminales de guerra de Europa, y;
b) El del Extremo Oriente, al que le tocó juzgar a los criminales de guerra del continente asiático, a excepción de la inmunidad dada al emperador de Japón, Hirohito.

II) Una vez concluida la labor de estos tribunales especiales, la Organización de las Naciones Unidas recopiló los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg, los que fueron aprobados posteriormente por la Asamblea General, legitimándose así el primer juicio internacional penal de la historia, por parte de la comunidad internacional.

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Símbolo del Actual Tribunal Penal Internacional

III) Con posterioridad, a lo largo de las décadas que siguieron a este punto de partida, los principios rectores de los juicios de la post guerra, han sido el punto de partida en la elaboración de los proyectos de códigos penales internacionales que les han seguido, aunque producto de la “Guerra Fría” y pese a que se registraron nuevos conflictos bélicos y nuevas violaciones a los derechos humanos –en la categoría de crímenes de guerra o contra la humanidad- no fueron establecidos nuevos tribunales internacionales sino hasta los años noventa (ex Yugoeslavia y Rwanda).

IV) Las realidades fácticas creadas por la “Guerra Fría”, volvieron a la humanidad a la ausencia de normas imperativas -más propia de la pre guerra- y durante las largas décadas que van desde 1948 (disolución de los Tribunales especiales de Nuremberg y Tokio) hasta el colapso de la URSS, sólo se crearon tribunales de carácter moral, entre los que destaca el Tribunal Russell, para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la guerra de Vietnam, conflicto en donde no cabe duda que se cometieron crímenes que caerían en las acciones tipificadas a partir de Nuremberg y Tokio.

V) Ya en la década de los noventa y al término de la “Guerra Fría”, la ONU ha renovado con más ímpetu su compromiso con la paz mundial y la lucha por el respeto de la dignidad humana, vulnerada en el contexto de conflictos bélicos, y por primera vez desde su fundación, ha creado tribunales internacionales ( Nuremberg y Tokio fueron instaurados previo a la existencia de la ONU), constituyendo un gran hito en la consolidación del Derecho Internacional Penal; se trata de los Tribunales Internacionales para el juzgamiento de los crímenes cometidos en la Ex Yugoslavia y en Rwanda, que serán motivo de otros artículos.

VI) La última estación de ese largo camino, es el establecimiento de una Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional “TPI”, que funcione con un carácter permanente para el juzgamiento de crímenes de guerra y de “lesa humanidad”, es decir que nos afectan a todos como género humano, con la declaración de que estos crímenes son imprescriptibles (no se extingue la responsabilidad penal por el paso del tiempo), no amnistíables, (no puede extinguirse la responsabilidad penal por una ley nacional que así lo declare), y no indultables.

VII) Pero el TPI aun debe salvar el gran obstáculo, el de no haber sido ratificado por tres de las grandes potencias EE.UU., Rusia y China, es más, los EE. UU. han planteado consecuencias negativas para los Estados que ratifiquen el TPI, sin las exclusiones que pretende respecto de sus tropas que operan en el mundo, es decir que los soldados de esa nación quedarían en general fuera de su jurisdicción, por hechos sucedidos en lugares tales como Irak o Afganistán y junto con limitar la ayuda militar a los estados que adhieran al TPI sin convenir un tratado de exclusión con EE.UU, promulgó una Ley para la protección del personal de los servicios exteriores norteamericanos “ASPA”. Esta ley prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses incluidos, la asistencia a la Corte o Tribunal Penal Internacional.

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Fotografía de la actual sede del Tribunal Penal Internacional en La Haya Holanda.

EL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NUREMBERG

Introducción

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg, representa el primer ensayo de justicia penal internacional. Hasta antes, sólo existieron intentos frustrados de establecer una corte internacional penal, pero en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya habían anticipado el deseo de castigar a los culpables de los crímenes de guerra y de las demás atrocidades cometidas.

El punto de partida es la Declaración de las Naciones Aliadas de 13 de enero de 1942, que postuló que: “Las Naciones Aliadas han clasificado entre sus principales fines de guerra el castigo, por medio de la justicia organizada, de los culpables o responsables de crímenes de guerra, que los hayan ordenado, perpetrado participado en ellos”

Estas intenciones se irán afinando en declaraciones posteriores, cuando además ya se vislumbrada la derrota de las potencias del EJE y en ellas, de especial trascendencia es la Declaración de Moscú, de noviembre de 1943, en que se fijan los principios de la represión internacional. La declaración distingue entre los “criminales de guerra”, que deberán ser juzgados por los Tribunales de las Naciones donde se hayan perpetrado los delitos de conformidad a sus leyes internas'' y los “grandes criminales de guerra”, cuyos hechos delictivos afectan a varios países y no tienen ubicación geográfica particular, que han de enjuiciarse por una justicia internacional.

Allí principian las discusiones sobre qué Tribunal debía conocer y juzgar a los criminales. Se barajaron varias alternativas, adoptándose finalmente el régimen escogido por Estados Unidos que, después de algunas discrepancias por parte de la Unión Soviética, fue aceptado en el acuerdo de agosto de 1945, con las consabidas críticas de no ser un Tribunal verdaderamente internacional, al estar integrado exclusivamente por los Estados vencedores en la guerra.

El acuerdo de Londres, como se le ha llamado, fue suscrito el día 8 de agosto de 1945 por el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estableciendo un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieran localización geográfica particular. Además se estableció el -Estatuto del Tribunal Militar Internacional- según el cual el Tribunal se compuso de cuatro miembros, cada uno representante de una de las naciones que suscribieron el acuerdo, adoptando sus decisiones por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente del Tribunal.

En el artículo 6° del Estatuto, se estableció que el Tribunal tenía competencia para juzgar a los individuos y organizaciones que hubiesen cometido los siguientes crímenes: Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad, y Conspiración y Complot, siendo estos últimos únicamente figuras de participación de los anteriores y una clara influencia del sistema criminal de los EE. UU. sobre el particular.

a) Crímenes contra la paz: es decir, planeamiento, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades, o la participación en un plan común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los actos precedentes;

b) Crímenes de guerra: es decir, violaciones de las leyes (incluye las Convenciones de Ginebra y Viena) y de las costumbres de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no están limitadas a ello, asesinatos, maltratamientos y deportaciones para trabajos forzados o para cualquier otro propósito, de poblaciones civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos; asesinatos o maltratamientos de prisioneros de guerra o de personas en los mares; ejecución de rehenes; despojo de la propiedad pública o privada; injustificable destrucción de ciudades, pueblos y aldeas; devastación no justificada por necesidades militares;

c) Crímenes contra la Humanidad: es decir, asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.

Se agrega al respecto que “Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos, son responsables por todos los actos realizados por toda persona en ejecución de tales planes”.

El artículo 7° excluyó expresamente como eximente y aun como atenuante de responsabilidad, el hecho de que el acusado fuera jefe de Estado o funcionario de responsabilidad de dependencias gubernamentales. Luego, el artículo 8° declaró inadmisible como eximente de responsabilidad el cumplimiento de órdenes de gobierno o de superior jerárquico.

Acusación e inicio del juicio a los jerarcas del régimen nacionalsocialista

Para formarse una idea de la magnitud del proceso principal de Nuremberg, basta decir que duró 218 días (sólo superado por el de Tokio, que duró 417 días), que los sumarios (investigación previa) de Nuremberg comprendieron 4.000.000.- de palabras y ocuparon 16.000 páginas; que el Ministerio Público o Fiscal presentó 2.630 pruebas; que las defensas presentaron 2.700 pruebas; que el Tribunal escuchó las declaraciones de 240 testigos y comprobó unas 300.000 declaraciones juradas. Además que los acusados contaban con 27 defensores, 54 ayudantes legales y 67 secretarias. A su vez en los laboratorios fotográficos del Palacio de Justicia se revelaron 780.000 fotografías y 13.000 rollos; se usaron 27.000 metros de cinta magnetofónica y 7.000 discos grabaron todas las palabras que fueron pronunciadas; 550 oficinas, secretariados y departamentos consumieron 22.000 lápices. Los teletipos trasmitieron 14.000.000 de palabras a todos los rincones del mundo, para comprobar aquello pueden revisar la prensa de esos días en cada uno de vuestros países.

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg se constituyó el 20 de noviembre de 1945 y sesionó hasta el primero de octubre de 1946.

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En la fotografía se aprecia una vista general del juicio, a los jerarcas acusados


-Attention! ¡The court!, con esa frase el coronel estadounidense Charles Mays, secretario del Tribunal se da inicio al proceso, se produce la traducción por medio de los intérpretes y todos se levantan para la entrada de los jueces.

El Tribunal estaba compuesto de la siguiente forma: Por la URSS, General Iola Nikitschenco, Juez (su juez adjunto era el Teniente Coronel Alexander Wolchkov); por Gran Bretaña, sir Geoffrey Lawrence, Juez Presidente del Tribunal (su juez adjunto era sir Norman Birkett); por los EE. UU., Francis Biddle, Juez ( su juez adjunto era John Parker y; por Francia, Henri Donnedieu de Vabres, Juez (su jez adjunto ere Robert Falco). La labor de los jueces adjuntos consiste en presenciar todo el juicio de manera ininterrumpida, para reemplazar en caso de muerte, enfermedad o impedimento grave, al Juez integrante del Tribunal, no tiene derecho a voto, salvo que pase a integrar por reemplazo al titular, todo ello sin perjuicio de que además pueda apoyar en sus análisis y ponderaciones al Juez principal.

Fue formulada acusación fiscal por el Fiscal General Robert Jackson en contra de las siguientes personas naturales que tenían en común el de haber sido altos funcionarios del Estado durante el régimen Nacionalsocialista: Hermann Wilhelm Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley (jefe del Frente del Trabajo, quien se suicidó durante la prisión preventiva y fue por ello, posteriormente excluido del acta de acusación), Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp, Von Bohlen und Halbach (también excluido del acta de acusación por haberse desglosado su caso a fin de ser sometido a los Tribunales locales), Karl Döenitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía), Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neuralth y Hans Fritsche. Sin embargo, no sólo se acusó a personas naturales, sino también a organizaciones y grupos que deberían ser declarados criminales por razón de sus propósitos y aspiraciones, y por los métodos utilizados para realizarlos.

Ello despertó una crítica intensa, pues no es pacífico hoy, ni menos en aquella época, la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchos hubiesen preferido y creen que habría bastado con la declaración de asociación ilícita de las entidades.

He aquí las organizaciones acusadas: “die Reichsregierung (Gabinete del Reich); das Korps der politischen Leiter der nationalsozialistischen deutschen Abeiterpartei (Cuerpo directivo del partido nazi); die Schutzstaffeln der nationalsozialistichen deutschen beiíerpartei (comúnmente conocida como la Milicia Negra o SS) e incluyendo die Sicherheitsdienst (comúnmente conocida como la SD); die geheime Sttatspolizei (Policía secreta del Estado, comúnmente conocida como la Gestapo); die Sturmabteilungen del N.S.D.A.P. (comúnmente conocida como la Milicia Parda o SA); el Estado Mayor General y el Alto Comando de las Fuerzas Armadas Alemanas”.

Esto causó bastante revuelo, en orden a señalar que de alguna forma se juzgaba prácticamente a todo el pueblo alemán, al punto que el Fiscal General estadounidense Robert H. Jackson al abrir el proceso señaló en su alegato de apertura:

“queremos hacer patente que no tenemos la intención de inculpar al pueblo alemán. Si la amplia masa del pueblo alemán hubiera aceptado voluntariamente el programa del Partido nacionalsocialista, no habrían sido necesarias las SA, ni los campos de concentración, ni la Gestapo”

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En la fotografía se aprecia la totalidad de la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Nuremberg

Los cargos o imputaciones penales

El primer cargo, apoyado en el artículo 6° del Estatuto, se refiere al plan común o conspiración que comprende la comisión de crímenes contra la paz, por cuanto los acusados o reos planearon, prepararon, iniciaron y realizaron guerras de agresión, las cuales fueron también guerras de violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades. Es aquí donde los críticos del juicio formulan sus primeras objeciones, pues, como lo señala el tratadista español Luis Jiménez de Asúa “... se extravía la acusación imputando a los nazis hechos políticos, conductas de dominio mundial que ante sus ojos propios son acciones en servicio de la -gran Alemania-".
Prosigue el profesor considerando de un cinismo absoluto que se “...impute a los alemanes, y sólo a ellos, la ejecución del plan de invasión de Checoslovaquia...” y se pregunta “¿Es que los norteamericanos ignoran que como consecuencia del pacto de Munich, el señor Newton, Ministro de Gran Bretaña, y el señor De La Croix, Ministro de Francia, coaccionaron a Benes en el propio palacio presidencial de Praga, en la noche del dos de septiembre de 1938, para que aceptase el plan impuesto por Hitler y acordado por Chamberlain y Daladier?”, le causa así extrañeza al citado tratadista que “...los auxiliadores necesarios acusen a sus coreos o coimputables”. Ni hablar del caso del acápite reservado acerca de las zonas delimitadas a repartir de Polonia en el pacto “Molotov – Ribbentrop”, uno sus partícipes sentado en el banco de los acusados y el otro, observando en el bando de las cuatro naciones acusadoras.

Replica al respecto, el también tratadista español Antonio Quintano Ripollés, en defensa de la acusación y expresa que: “La debilidad, la deserción y aun la complicidad, si se quiere, de un sector político del mundo que toleró y hasta coadyuvó indirectamente al mal, por unas u otras razones, no puede ni debe acarrear el impunismo eterno de los crímenes directos perpetrados contra ese mismo sector y aun contra terceros inocentes”.

El segundo cargo, basado también en el artículo 6° del Estatuto, se refiere a los crímenes contra la paz y expresa que: “Todos los acusados... participaron en el planeamiento, preparación, iniciación y prosecución de guerras de agresión, las que fueron también guerras de violación de tratados internacionales, convenios y seguridades”. Posteriormente el acta de acusación pasa a detallar las distintas declaraciones de guerra a más de diez países, bastante conocidas cada una de ellas.
El tercer cargo, se refiere al inciso b) del artículo 6° del Estatuto, esto es, crímenes de guerra, y señala que: “Todos los acusados, actuando de acuerdo con otros, formularon y llevaron a cabo un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra según se define en el artículo 6° b) de la Carta”. Este plan incluyó, entre otras cosas, la práctica de la -“guerra total”-, incluyendo métodos de combate y de ocupación militar, en abierta oposición a las leyes y costumbres de la guerra, y la comisión de crímenes perpetrados en el campo de batalla durante los combates con ejércitos enemigos, y contra prisioneros de guerra (contravenciones a las Convenciones de Ginebra), y en territorios ocupados contra las poblaciones civiles de dichos territorios.

La fundamentación jurídica está en que...estos métodos y crímenes constituyeron violaciones de convenios internacionales, de leyes penales nacionales y de los principios generales del derecho penal derivados del derecho criminal de todas las naciones civilizadas, y que estaban comprendidos dentro y eran parte del curso sistemático de la conducta nazi.

Severas críticas ha recibido la acusación por emplear la frase “práctica de la guerra total”, ya que, según Jiménez de Asúa, los acusadores olvidan “...que el uso de la bomba atómica es la más total de las guerras, ya que acabó no sólo con soldados, sino con hombres del pueblo, mujeres, niños, animales y plantas”. Quintano Ripollés, responde a esto y sostiene que el empleo de bombas contra poblaciones ni siquiera en su forma más catastrófica de bombardeo atómico es crimen de guerra...” y ello por la sencilla razón de la ausencia de preceptos que así lo tipifiquen”; lo que nos lleva en todo caso a la debilidad matriz que muchos juristas apuntan al proceso en su totalidad, que es la ausencia de ley penal previa, al menos en lo general, ya que la mayoría de los delitos juzgados si estaban de una u otra forma tipificados como tales, en la legislación interna de cada uno de los estados parte.
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Fotografía de el Fiscal General, Robert Jackson, responsable principal de sostener los cargos en el proceso.

El cuarto cargo, que se apoya en el inciso c) del artículo 6° del Estatuto, lleva como epígrafe: “Crímenes contra la Humanidad”, esto es, “asesinatos, exterminaciones, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles antesde la guerra y durante ella”, así como “persecuciones por razones políticas, raciales y religiosas, al ejecutar el plan común mencionado en el primer cargo y en conexión con él”.

Condenas y cumplimiento

En octubre de 1946 se dio a conocer la sentencia a los acusados. Primero se les leyó la parte dispositiva común, luego uno a uno, la pena individualmente impuesta. Acto seguido, se proclamó la culpabilidad en grupo de los dirigentes nazis, de la Gestapo y de los cuerpos de SS; pero no se declaró responsables al gobierno del Reich, ni al Estado mayor del Ejército Alemán, ni a las SA.

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Fotografía con la vista externa del Palacio de Justicia de Nuremberg

Las penas impuestas por el Tribunal internacional fueron:

Sentenciados a morir en la horca: Hermann Wilhelm Goering, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Gustav Krupp, Fritz Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía), Arthur Seyss-Inquart.
A prisión perpetua: Rudolf Hess, Herich Raeder y Walter Funk.
A prisión por términos diversos: Albert Speer y Baldur von Schirach, a veinte años cada uno; Konstantin von Neurath, a quince años; y, Karl Doenitz, a diez años.
Absueltos: Hjalmar Schacht, Franz von Papen y Hans Fritzche.

Según el profesor español Antonio Quintano Ripollés, las tres principales virtudes de la sentencia son:
1) ...sentar de modo indubitado el carácter criminal de la guerra de agresión
2) ...haber admitido al individuo en el campo del derecho internacional, tanto en su calidad de sujeto activo como sujeto pasivo...lo que supone una plausible humanización de las normas internacionales...
3) ...sentar que las obligaciones internacionales impuestas a los individuos, han de primar en todo evento sobre sus deberes de obediencia hacia el Estado de quien dependan, por lo que quien viola las leyes de guerra no puede justificarse alegando el mandato recibido del Estado, que al hacerlo sobrepasó y violó a su vez los poderes y normas que el derecho internacional le reconoce.

Henri Donnedieu De Vabres, uno de los jueces franceses del Tribunal, comentando la sentencia, señala que la labor del Tribunal fue difícil, ya que, en el Estatuto “El complot, reducido a la noción de un plan concertado para cometer tal o cual acto de agresión, se identifica con la noción, e incluso con una noción bastante estrecha, de complicidad. Los crímenes contra la humanidad se confunden con los crímenes de guerra, de suerte que las infracciones de esa naturaleza cometidas antes de estallar las hostilidades, escapan a la competencia del Tribunal''.

Respecto de la responsabilidad individual, Donnedieu De Vabres opina que: “..la sentencia es la expresión de una justicia humana, por tanto una justicia relativa y falible. Refleja, como es normal, la buena fe, la competencia, y hasta quizá los prejuicios de sus miembros. No se identifica probablemente ni con el juicio de la Historia, ni con el juicio de Dios. De todos modos las distinciones y los matices que encierra, su relativa moderación, prueban que no
es, en contra de las previsiones y de las imputaciones de algunos, la expresión de una justicia puramente vindicativa”.


En cuanto a la responsabilidad de las organizaciones Donnedieu de Vabres expresa; “...no se han pronunciado más que tres declaraciones de criminalidad - las que conciernen a la S.S., la Gestapo y el cuerpo de jefes políticos; en lugar de las seis reclamadas por el Ministerio Público. Las exclusiones no provienen de una apreciación favorable de la actividad de las agrupaciones de que se trata. Proceden, en general, de que su existencia, en cuanto organizaciones o grupos, no ha sido reconocida...”. Además según De Vabres, de la labor del Tribunal y de la sentencia se deducen varios principios de Derecho que merecen ser destacados:

1 ° La sentencia afirma la supremacía del derecho internacional
sobre el derecho interno.
2° ...la primacía de la conciencia individual en orden a las exigencias de la disciplina. Cuando la orden dada por un superior
jerárquico tiende a la comisión de un crimen, y, especialmente, de un hecho calificado como tal por el derecho de gentes, el deber es de desobedecer. El mandato superior no vale ni como causa justificante, ni como excusa absolutoria.

Principales críticas al proceso

Ya se ha dicho que la principal crítica al juicio de Núremberg está referida a la escasa aplicación que hizo el Tribunal del principio “nullum crimen sine lege nulla poena sine lege” (no hay crimen ni pena, si no está establecido en una ley previa). Acá opina el profesor español Jiménez de Asúa que: “El definitivo obstáculo para que pueda considerarse válida en Derecho, la justicia hecha en Núremberg, proviene de haberse violado el principio nullum crimen, nullum poena sine previa lege, y de haber dado indebidamente efecto retroactivo a una ley penal de gravísima trascendencia”.

Por su parte, el tratadista austriaco Hans Kelsen, principal autor sobre el positivismo moderno ( es derecho sólo lo que es texto escrito y que emana de las normas que regulan su creación), para negar legalidad al proceso de Núremberg, señala que: “al contrario de lo ocurrido en el Extremo Oriente en que el Gobierno Japonés había accedido, al suscribir el tratado de capitulación, a la persecución y castigo de los crímenes de guerra, al rendirse las fuerzas germanas no hicieron el mismo acatamiento, ya que sólo fue una simple manifestación de rendimiento de fuerzas militares ante los comandantes de los ejércitos aliados”.

El tratadista alemán Hans Jescheck, refiriéndose principalmente a los crímenes contra la humanidad, señala que la prueba más contundente de que esos tremendos delitos no estaban en leyes anteriores, es que se ha necesitado promulgar en 1948 el Convenio de Genocidio. En opinión de este autor, hubiese sido más acertado una mejor sistemática internacional de los crímenes de guerra, pues, su legalidad es menos discutida, porque existían convenios y otras normas internacionales que los prohibían y que la jurisprudencia norimberguense no hizo más que ampliar.

Jescheck, desarrolla los temas del legalismo y del judicialismo, que encarman el régimen continental europeo y el common law anglosajón y con sentido ecléctico, cree posible en el futuro conciliar los dos sistemas ya que en Inglaterra y Norteamérica parece propenderse a la codificación, en tanto que en el mundo europeo de tierra firme se admite cada vez más el libre arbitrio judicial. Lo importante es que se respeten los tipos legales sostiene el referido profesor de derecho.

El Fiscal de los Estados Unidos y uno de los principales redactores del Estatuto de Londres, Robert H. Jackson, defendiendo el juicio, señala que los procesados de Núremberg habían sido tan crueles e inhumanos que no pueden ampararse en las normas de algunos sistemas de jurisprudencia que proscriben las leyes expost facto.

Por su parte Antonio Quintano Ripollés, reconoce que: el defecto fundamental fue, a no dudarlo, el relativo olvido del apotegma nullum crimen sine lege, que al añadírsele el requisito a él inherente depraevia lege, ampara asimismo el dogma de la legalidad y el de la irretroactividad, morfológicamente inseparables. Defecto seguramente disculpable en virtud de las insuperables circunstancias en que aquello sucedió.

Hans Kelsen opinó que quien debía juzgar a los jerarcas nazis era el consejo interaliado de control con sede en Berlín, que éste se desarrolló, “pero que es preciso subsanar llegada la hora de formular un ordenamiento jurídico en su plenitud.", es decir normas del nuevo estado alemán que ratificarán lo obrado en el proceso, lo que en definitiva no sucedió, a acusa de la consabida división en dos de la Alemania de la post guerra.

Agrega Antonio Quintano: que “...pese a las ímprobas dificultades de la improvisación “ex post facto”, una relativa dogmática de legalidad fue mantenida en lo posible, referida, ya que no a las leyes penales internacionales “stricto sensu” que no existían, si a tipos de normas paralelas, las de crímenes de Derecho común interno para la delincuencia contra la humanidad, y las del Derecho convencional o contractual para los de guerra y contra la paz. Pero que tales disposiciones, aunque jurídicas y creadoras de obligaciones internacionales indubitadas, no creaban delitos penales, es igualmente incuestionable, al menos para la mentalidad jurídico-penal europea continental, forjada en el contacto con el Derecho interno.

Otras críticas

De las diversas críticas formuladas por la doctrina a la justicia norimberguense, tanto al juicio mismo, como al tribunal y al estatuto, se ha destacado la principal, referida al principio de legalidad, aunque también hay otras bastante duras, que limitan entre lo jurídico y lo político.

El penalista español José Luis Galbe, opina que: “El único valor verdaderamente positivo del proceso es el de su carácter general definitivo de prueba histórica indiscutible de las atrocidades del fascismo alemán”. A su juicio, el peor error de la justicia en Nuremiberg fue la sentencia, estima que, la construcción jurídica general es errada, al menos en lo que respecta al complot o conspiración contra la paz, ya que si los nazis avanzaron en el camino de la agresión, fue por la complicidad pasiva de las democracias. Agrega que, “La parte referente a crímenes de guerra y contra la humanidad fue infinitamente mejor”, y por eso se demostró en el juicio, “que los procesados a lo que temían verdaderamente era a caer en este grupo de imputaciones”, importándoles muy poco las otras.

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Fotografía de los acusados ejerciendo su derecho a defensa, se declaran inocentes frente a los cargos.

A su turno el también penalista español Ricardo Calderón, cree que el Derecho Penal Militar, es eficaz para reprimir los crímenes de guerra, y que de haberse enjuiciado a esos delincuentes ajusticiados en Nuremberg conforme a los rígidos y sencillos trámites de un proceso marcial, la publicidad y el sensacionalismo que tanto se ha reprobado a ese juicio, se hubieran evitado. En todo caso, Calderón cree en la necesidad de la retribución punitiva “frente a los bárbaros e inconmensurables crímenes de los nazis”.

El Magistrado cubano Evelio Tabío opina que: “...la gran quiebra en el enjuiciamiento de los jerarcas nazis estuvo en que no se respetó el principio de legalidad y de ley penal previa que ha de definir los hechos como punibles”. Pese a ello, Tabío señala: “...el Tribunal de Nuremberg representó la creación de un Derecho Internacional Penal enteramente nuevo, impuesto por la gravedad y trascendencia de la misma guerra que tuvo su compleja gestación durante varios años”.

El profesor de la Universidad de Ginebra Jean Graven, estima que el juicio de Nuremberg es “el más grande proceso penal de la historia”, y tras examinar las objeciones que contra él se han levantado, afirma que, “en verdad el primer Tribunal Internacional Penal de la historia no ha fracasado en su papel de hacer justicia”, y añade que la opinión mundial ha confirmado su inmensa preocupación de imparcialidad y de equidad.

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La guerra agresiva total, como la invasión a Polonia y Checoeslovaquia fueron motivos de cargos en Nuremberg

El ya citado profesor francés Henri Donnedieu de Vabres, quien aun antes de la guerra ya había hecho campaña a favor de una Corte Internacional Criminal y que luego fuera juez durante el proceso, reconoce que el proceso y el fallo no se identifican probablemente ni con el juicio de la Historia, ni con el juicio de Dios...” es primera vez que los culpables de desencadenar una guerra han sido objeto de una sanción judicial”. Sin embargo, acepta que se trató de una improvisación, y nos dice que, “..el juicio de Nuremberg se ha producido en las mejores condiciones que era razonable esperar..”, haciendo presente que está caracterizado por la influencia angloamericana, recordando que la redacción del Estatuto tuvo lugar en Londres.

El profesor Marcel Merle, destaca el hecho de que los aliados no hayan ajusticiado y eliminado a los vencidos sin ninguna contemplación, sino que prefirieron, “...situarse en un plano exclusivamente jurídico, pese a las dificultades que ello naturalmente encerraba.” Pero más aún, cree que, los Estados no crearon delitos arbitrariamente, sino que se inspiraron en normas según las cuales los países se habían obligado a no recurrir a la guerra. De esta costumbre en formación - dice Merle- los autores del Estatuto y los jueces de! Tribunal dedujeron válidamente las reglas jurídicas indispensables para el advenimiento de una sanción internacional y el Tribunal ha aplicado estas disposiciones nuevas con gran espíritu de justicia y con la preocupación manifiesta de respetar los principios del Derecho Penal.

Piensa también este autor, que con este juicio se crea, un orden jurídico nuevo que contrasta tanto con la concepción clásica del Derecho Internacional como con la práctica anterior de los Estados, con una primacía absoluta de la ley internacional sobre el Derecho interno, y opina que en esto reside, en definitiva, el interés esencial del proceso de Nuremberg. Simplemente podrían haberlos fusilado luego de un juicio sumario y a nadie le hubiera extrañado demasiado aquello en el año 1945.

Pero más adelante reconoce que las contingencias políticas se mezclaban estrechamente con las preocupaciones jurídicas, afirmando que, la elección del régimen aplicable a los criminales de guerra hubiera debido partir de un análisis más profundo de la naturaleza jurídica de cada una de las infracciones. Agrega que la iniciativa tomada por los aliados no hubiese sido criticada desde un principio si se hubiera transformado, debidamente, en una verdadera instancia internacional permanente.

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Los acusados en actitud hostil hacia el Tribunal y su legitimidad para juzgarlos, encabezados por el imputadpo Goering.

El jurista alemán Hans-Heinrich Jescheck observa que, con los delitos de guerra se procedió en Nuremberg con correcta sistemática jusinternacional; pero, en cambio, en lo que respecta a los delitos contra la paz y contra la humanidad, no se enjuició en nombre de los principios jusinternacionales, sino conforme a un Derecho de ocupación. Para ello se basa en que los tratados de no agresión no establecían sanciones penales y que se referían a los Estados, no a los individuos, ni menos a una responsabilidad penal de las personas naturales. Jescheck, concluye que, en Nuremberg no se estableció un auténtico Derecho Internacional Penal, sino que ese proceso no fue otra cosa que la muestra de una voluntad unilateral, la del vencedor.

A pesar de sus criticas cree Jescheck que el Tribunal de Nuremberg ha prestado el servicio de reafirmar enérgicamente el principio de la punibilidad de los crímenes de guerra conforme al Derecho Internacional, y ha fundamentado el pensamiento de la punibilidad de los crímenes contra la humanidad según el Derecho de los Estados. Agrega que la crítica del juicio de Nuremberg, desde el punto de vista jurídico, jamás debe entenderse en el sentido de que los crímenes de guerra y contra la humanidad, que efectivamente hayan sido cometidos, deban quedar impunes.

Caso aparte es el análisis general que hace Luis Jiménez de Asúa, a lo largo de toda su obra se limita a criticar el juicio de Nuremberg y el Derecho Internacional Penal, sin proponer caminos alternativos de solución. Pero, al término del capítulo de su Tratado de Derecho Penal dedicado a estas cuestiones, no puede eludir alguna proposición. Asúa sostiene: “Nosotros no pedimos clemencia para los tiranos, pero queremos que en vez de comparecer ante jueces, sean emplazados ante los pueblos. No se olvide que el artículo 27 de la Constitución francesa de 1793, decía que "todo individuo que usurpe la soberanía, debe ser muerto por los hombre libres". Y añade: “Esto fue lo que se hizo con Mussolini... y ese fue un acto revolucionario...” en que el Derecho Penal no sirvió como instrumento de venganza. “Sólo así, castigados los déspotas por sus propios pueblos, se intimidará a posibles Césares que se incuban por doquier." Resulta bastante llamativo que un jurista de la categoría de Luis Jiménez de Asúa, proponga semejante cosa.

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Fotografía, la hora de la verdad, se aprecia aquí el lugar donde serían ahorcados los sentenciados a muerte.

En Chile el profesor de Derecho Penal, Alfredo Etcheberry, opina que pese a las reiteradas críticas que se han formulado a estos juicios - el de Nuremberg y el de Tokio-, especialmente porque habrían violado el principio de reserva, y porque la nacionalidad de los jueces les habría restado imparcialidad, la apreciación jurídica de los juicios no puede ser condenatoria, ya que la ilicitud de las conductas era evidente y se encontraban penalizadas en las leyes de todos los países civilizados. Sostiene también que el Tribunal analizó cada caso en particular según sus propios méritos, lo que queda demostrado por las tres absoluciones que se obtuvieron y la variedad de las sanciones impuestas. Concluye diciendo que, “en todo caso, la conciencia de la humanidad habría sido más ofendida por la impunidad de tales hechos que lo que lo fue por su sanción.

Haciendo una implícita referencia a Jiménez de Asúa, el autor chileno afirma que, “la solución propuesta por algunos, de entregar simplemente a la vindicta pública o a la ira de las masas a los culpables de tales actos, no puede ser aprobada por ningún jurista”.

Una opinión más crítica es la sustentada por el también penalista chileno Enrique Cury, el que señala que el juicio de Nuremberg, así como el de Tokio, no resultan muy alentadores, toda vez que en ellos se “hubo de aplicar un Derecho previamente inexistente, justamente a causa de que nadie antes había convenido en formularlo de manera expresa y someterse a sus dictados “. Pero señala también que ello, “no significa rechazar la idea del Derecho Penal Internacional en sí”, se trata de “orientar correctamente la lucha para construirlo sobre terreno sólido”.

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Fotografía, el acusado Goering declara como medio de defensa.

Conclusiones

En conclusión, si es que en algo podemos contribuir interminable discusión sobre el juicio de Nuremberg, en el cual es evidente que los sentenciadores se vieron expuestos, como en todo caso límite, al sopesamiento de los distintos bienes jurídicos que estaban en juego, e hicieron una fundada opción, resolviendo el litigio en el único sentido posible. Porque, llevadas las cosas a nivel constitucional, o también en el campo de los derechos humanos en general, están por una parte, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que fue violado por los enjuiciados de manera y en proporciones escandalosas, y por el otro, el derecho al debido proceso, que exige que el Tribunal, la tipificación de las conductas y la asignación de las penas, sean anteriores a la comisión de los hechos que se están juzgando.

Pues bien, dadas las especiales circunstancias en que el juicio se desarrolló, y no siendo posible compatibilizar estos bienes jurídicos, se optó por sacrificar el que se estimó de menor entidad, el derecho al debido proceso, considerando que, de todos modos, los responsables estaban conscientes de la ilicitud de sus actos, que ya habían sido prohibidos por tratados internacionales y por la costumbre en el caso de los crímenes contra la paz y crímenes de guerra, y aun por los sentimientos más básicos que debe tener el ser humano hacia sus semejantes, y por el Derecho interno de todos los países civilizados en el caso de los crímenes contra la humanidad, (pues, el homicidio, la tortura y otros, si son delitos de Derecho interno). Como bien lo reconoce el propio Quintano, existió antijuridicidad pero no tipicidad.

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Fotografía, el acusado Goering no llegaría a la horca, se suicidó en su celda antes de enfrentar la pena.


La otra alternativa, y de dudosa juridicidad, hubiese sido que el Tribunal se declarase incompetente para conocer, o que absolviese por no cumplirse con el principio de legalidad, y más específicamente con el principio de irretroactividad penal, sacrificando otros bienes jurídicos, reconocidamente de mayor entidad, dejando impunes tal vez los actos más atroces que ha conocido la humanidad. La crítica entonces hubiese sido mayor, tanto de la doctrina, internacional y penal, como de toda la comunidad internacional.

Entre el paredón de fusilamiento luego de un juicio breve y sumario y el Proceso de Nuremberg, hay siglos de avance y consolidación sobre el concepto de los derechos fundamentales del hombre y las garantías del debido proceso, y eso hace una gran diferencia, pese a todas las críticas, a mi modesta opinión, fue la mejor opción en ese momento histórico de la humanidad.

Bibliografía y fuentes:
*Joe Heydecker y Johannes Leeb, “El Proceso de Nuremberg“ Editorial Bruguera, Barcelona 1962.
*Jorge Chaparro, “El crimen contra la humanidad” Memoria de Prueba, Editorial Universitaria S.A., Santiago, 1964.
*Rodrigo Lledó Vásquez, Derecho Penal Internacional, Editorial Congreso, Santiago 1998.
*Nuevos Enfoques del Derecho Internacional”, diversos autores, Coordinación de Avelino León Stefíens. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992.
*Luis Jiménez de Asúa, “Principios de Derecho Penal, La Ley y El Delito”. Editorial Lozada, Buenos Aires 1955.
*Antonio Quintano Ripollés, Tratado de Derecho penal Internacional”, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid 1955.
*Alfredo Etcheberry, “Derecho Penal”, Editora Nacional Gabriela Mistral, segunda edición, Santiago, 1976.
*Enrique Cury Urzúa, “Derecho Penal Parte General”, Editorial Jurídica de Chile, 1990.
*Santiago Benadava, “Derecho Internacional Público”, Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, Santiago, 1989.
*Ernesto Artigas Villarroel, "Los Delitos Internacionales y su Tratamiento Jurídico-Policial". Memoria de Prueba. Editorial Jurídica de Chile.
*Wikipedia y otras fuentes abiertas de internet.


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