1.- Introducción

Debieron pasar muchos sucesos históricos de la mayor relevancia luego de la segunda Guerra Mundial, para que las condiciones subjetivas se unieran a las objetivas -ya maduras de 1945 en adelante- de manera que la comunidad internacional se abriera a crear un Tribunal o Corte Penal Internacional, que pudiese conocer de los crímenes cometidos en el contexto de los graves conflictos bélicos que la humanidad no había cesado de sufrir en las cinco décadas transcurridas desde Nuremberg y Tokio. Los eventos de Yugoslavia desencadenados recién terminada la Guerra Fría, darían el marco final para que los proyectos -añorados por los juristas internacionales desde 1946- comenzaran al fin a ver la luz al final del túnel.

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Srebrenica, todo un símbolo de los muchos actos genocidas perpetrados en Los Balcanes.

La República Federal Socialista de Yugoslavia estaba originalmente integrada por seis Repúblicas, a saber; Bosnia- Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Además una parte de su territorio –Kosovo-, estaba ocupado por una mayoría de población albanesa.

Ya a fines de la década de 1980, tras un período de crisis política y económica iniciados con la muerte de su líder desde la II Guerra Mundial, Josip Broz, "Tito"; las Repúblicas de Eslovenia y Croacia empezaron a separarse del resto del país, fracasando los esfuerzos de la Presidencia Federal Colectiva, para poner fin a los conflictos y negociar una nueva estructuración del país.



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 Yugoslavia no pudo mantenerse unida más que una década luego de la muerte de Tito.

En junio de 1991, Croacia y Eslovenia se declararon independientes de Yugoslavia, comenzando una serie de hostilidades -a la par de los serbios residentes en Croacia, con el apoyo del ejército popular yugoslavo- se opusieron a la iniciativa dispuestos a usar todos los medios, incluida la fuerza militar para evitar que Croacia y Eslovenia se independizaran.

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Yugoslavia antes de la desintegración.


La situación se complicaría decididamente, cuando en marzo de 1992, Bosnia-Herzegovina también declaró su independencia, acto que fue apoyado por los croatas y musulmanes de Bosnia, pero impugnado por los serbios de Bosnia. El primer organismo internacional en intentar resolver la crisis yugoslava fue la Comunidad Europea, en el marco de una conferencia sobre Yugoslavia. Sin embargo estos esfuerzos no dieron resultado y a esas alturas, la violencia ya estaba desatada.

2.- La constitución de la UNPROFOR

La Organización de las Naciones Unidas, comenzó a intervenir en el conflicto yugoslavo el 25 de septiembre de 1991, cuando el Consejo de Seguridad impuso un embargo de armamentos a Yugoslavia e invitó al Secretario General a que ofreciera su asistencia en apoyo de los esfuerzos de paz de la Comunidad Europea. En octubre del mismo año, el Secretario General nombró al señor Cyrus Vanee como su enviado especial en Yugoslavia, a quien se le dio una misión prácticamente imposible –lograr la paz entre un conflicto de nacionalismos- desatado además luego de la caída del régimen Socialista, que perduró por 35 años en base a la figura de Tito, el cual al fin y al cabo, era irremplazable para mantener la unidad Yugoslava.

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Emblema de UNPROFOR

El enviado especial emprendió negociaciones de paz con todas las partes en conflicto, que dieron como resultado acuerdos de cese del fuego en Croacia y el establecimiento de una operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

El 21 de febrero de 1992, pese a que algunos grupos políticos seguían expresando objeciones contra el plan de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad estableció la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), con el mandato de crear las condiciones de paz y seguridad necesarias para la negociación de un arreglo en el marco de la Conferencia sobre Yugoslavia de la Comunidad Europea.

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Los desplazados, víctimas civiles que huyen del terror en la ex Yugoslavia.

Sin embargo, la labor de la UNPROFOR se vio dificultada, ya que el conflicto de Bosnia-Herzegovina estalló y se intensificó muy rápidamente, complicándose seriamente la asistencia humanitaria. No obstante, diversos organismos de las Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias prosiguieron su labor en circunstancias muy difíciles y arriesgando sus vidas.

A partir de abril de 1992 la situación de Bosnia- Herzegovina –es decir, el enfrentamiento entre bosnios musulmanes y serbios bosnios- empeoró rápidamente, por lo que el Consejo de Seguridad hizo un llamamiento en pro de la cesación del fuego y exigió que se pusiera fin inmediatamente a la intervención de los ejércitos yugoslavo y croata. Pero pese a todos los esfuerzos de la Comunidad Europea, del Secretario General de la ONU y de la UNPROFOR, el conflicto continuó intensificándose.

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La UNPROFOR fue creada para garantizar las condiciones para las conversaciones de paz.

El 22 de mayo de 1992, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia, se convirtieron en miembros de las Naciones Unidas, consolidándose la independencia de estos Estados, en tanto que Macedonia, se uniría a la organización el 8 de abril de 1993. El 30 de mayo de 1992, el Consejo de Seguridad impuso amplias sanciones económicas a Yugoslavia (a la sazón constituida por Serbia y Montenegro), exigiendo además, que todas las partes permitieran la llegada de suministros humanitarios a la capital de Bosnia, Sarajevo, y a otras zonas de Bosnia-Herzegovina.

Para junio de 1992 se habían recibido numerosos informes de “depuración étnica”, esto es, eliminación de un grupo étnico por los miembros de otros grupos éticos que controlan un territorio, en su mayor parte realizada por las fuerzas serbias en Bosnia. A raíz de esto, el número de refugiados y personas desplazadas había aumentado a más de 2,2 millones, lo que es considerada la mayor crisis de refugiados ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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El conflicto traería una imagen que se creía superada -los refugiados- en Europa.

El 13 de julio de 1992, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución Nº 764, en la que reafirmó la obligación de todas las partes respecto de la aplicación del derecho internacional humanitario y sentó el importante principio de la responsabilidad individual por las violaciones graves a sus normas.

Sin embargo, estos llamamientos tuvieron escasa acogida, por lo que el Consejo dio un paso más allá, aprobando la Resolución Nº 771 de fecha 13 de agosto de 1992, con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por la cual se ordenó a todas las partes interesadas en la ex-Yugoslavia y a todas las fuerzas militares de Bosnia-Herzegovina, que pusieran término a las violaciones del derecho internacional humanitario; de lo contrario, el Consejo tendría que tomar nuevas medidas.

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Boutros Boutros Ghali, al Sexto Secretario General de la ONU le correspondió el proceso de intervención en Yugoslavia

Este apercibimiento se hizo efectivo por el Secretario General a requerimiento del Consejo de Seguridad, mediante el establecimiento de una Comisión de Expertos encargada de examinar y analizar informaciones comprobadas en relación con las violaciones del derecho internacional humanitario que se estaban perpetrando en la ex-Yugoslavia.

La Comisión emitió su informe el 9 de febrero de 1993, concluyendo que se habían cometido, entre otras, las siguientes violaciones:
Asesinatos, “depuración étnica”, matanzas en masa, torturas, violaciones, saqueo y destrucción de bienes civiles, destrucción de bienes culturales y religiosos y detenciones arbitrarias.

El informe, aboga asimismo claramente por el establecimiento de un Tribunal internacional. Paralelamente, un comité de juristas, instituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, elaboró un documento que fue presentado por el Gobierno francés al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este documento se recomendaba estudiar la posibilidad de crear un Tribunal penal para la ex-Yugoslavia. Finalmente, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución Nº 808, de 22 de febrero de 1993, en virtud de la cual, considerando que la situación de la ex-Yugoslavia constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional, decidió la creación de un Tribunal internacional para enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio de la ex-Yugoslavia, cometidas a partir de 1991.

En esa misma resolución, el Consejo pidió al Secretario General que preparara un informe sobre la manera de establecer dicho Tribunal. El 27 de mayo de 1993, el Consejo aprobó la resolución Nº 827, en la cual, actuando de conformidad al capítulo VII de la Carta, acogió el informe del Secretario General y aprobó el Estatuto del Tribunal Internacional. Así se dio inicio al primer TPI desde Nuremberg y Tokio, quedando claro que el único impedimento que había existido hasta ese momento, había sido la falta de voluntad política al efecto.

Ya estando constituido el TPIY, estalló un nuevo conflicto en el territorio de la ex-Yugoslavia, Kosovo, una región habitada en su mayoría por ciudadanos de origen albanés. Si bien los conflictos en Kosovo ya se venían sucediendo desde 1989, cuando se les retiro su estatus de autonomía. La crisis alcanzó una extrema gravedad durante 1998.

Entre 1989 y 1998 políticos y ciudadanos albanos kosovares mantuvieron nueve años de luchas pacíficas reclamando el restablecimiento del estatuto de autonomía. La resistencia pacífica de la población fue combatida por las autoridades serbias, lo que derivó en que las reivindicaciones cambiasen a la petición de autonomía a la de independencia y que los albano-kosovares crearan un grupo de resistencia armada contra el Estado Yugoslavo, conocido como el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), o Ushtria Clirimtare e Kosoves (UCK) en albanés. Desde principios de 1998, el ELK había realizado algunos ataques contra la policía y objetivos serbios.

A principios de marzo de 1998, fuerzas especiales de la policía serbia atacaron tres pueblos en la región de Drenica. Según informes independientes por lo menos se ejecutaron diecisiete personas después de haber sido detenidos o de haberse rendido.

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Kosovo, el último conflicto que surgiría en la ex Yugoslavia.

Esta situación fue el detonante del conflicto de Kosovo. Millares de albano-kosovares que habían sido hasta entonces seguidores de la política de no violencia decidieron unirse al ELK. En los meses siguientes, el ELK tomó el control de aproximadamente un 40 por ciento del territorio de Kosovo.

El gobierno serbio empezó una ofensiva de gran escala contra el ELK a mediados de mayo. La policía especial junto con el Ejército de Yugoslavo atacó una cadena de pueblos y aldeas a lo largo de la frontera con Albania en el oeste, en un claro intento de despoblar la región.

Las fuerzas Yugoslavas intensificaron su ofensiva a lo largo de julio y agosto de 1998. Algunas de las peores atrocidades ocurrieron a finales de septiembre, cuando la ofensiva del gobierno estaba acabándose. La ofensiva gubernamental era un esfuerzo claro por aplastar el apoyo civil a los rebeldes. Las fuerzas gubernamentales atacaron a los civiles, destruyeron sistemáticamente los pueblos, y obligaron a miles de las personas a huir de sus casas. Un ataque en agosto cerca de Senik mató a diecisiete civiles que estaban escondidos en los bosques. Se vió a la policía serbia saqueando casas y destruyendo pueblos abandonados, quemando cosechas, y sacrificando los animales de las granjas.

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Kofi Annan; al Séptimo Secretario General de la ONU le correspondió el conflicto de Kosovo.

Entre los meses de octubre y enero y a pesar de los reiterados llamados de los organismos internacionales al repliegue de las tropas de la policía y del ejército yugoslavo según lo acordado, las tropas gubernamentales no sólo no disminuyen en número sino que acumulan cada vez más efectivos en Kosovo, realizando continuamente operaciones tendentes a destruir las aldeas de regiones enteras, aplicando la política de "tierra quemada" o "limpieza étnica" y provocando marcha forzosa de sus hogares de la población civil.

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Enfrentamientos en Kosovo.

La OTAN advirtió al presidente de Yugoslavia, Slodovan Milosevic, que detuviera su ofensiva y le propuso una solución que incluía una autonomía kosovar limitada y la entrada de tropas a Yugoslavia como garantes de la paz. Las conversaciones fracasaron; la parte albano kosovar aceptó la propuestas, pero la serbia rechazó la presencia de las fuerzas aliadas en su territorio. Como resultado, la OTAN decidió atacar objetivos serbios en toda Yugoslavia, incluyendo a la capital de la provincia de Kosovo, Pristina.

Tras 78 días de bombardeos de la OTAN, negociaciones en los diversos frentes y el éxodo masivo de albano-kosovares, llegó la paz a la región de Los Balcanes. Mediante la firma del tratado de paz, se acordó la retirada de las fuerzas yugoslavas de la provincia serbia de Kosovo, el fin de los ataques y la entrada de 50.000 efectivos multinacionales para resguardar la paz en la zona.

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 Fuerzas de la OTAN en Kosovo.

Esta fuerza militar tenía que vigilar el regreso a sus hogares de alrededor de un millón y medio de albanokosovares que fueron expulsados de la zona por fuerzas serbias durante este conflicto, según cifras de la ONU, así como velar por la seguridad de los civiles serbios que viven en Kosovo, para que estos fueran víctimas de la venganza albanokosovar.

3.- Establecimiento del Tribunal Penal Internacional

En el informe presentado al Consejo de Seguridad, el Secretario General señaló que, en circunstancias normales, un Tribunal de estas características debió haber sido creado mediante un tratado Internacional, ya sea celebrado en el seno de la Asamblea General, ya en una conferencia de plenipotenciarios. Sin embargo, este método habría presentado una doble desventaja, por una parte su lentitud, que habría resultado tremendamente perjudicial atendida la situación imperante, y por la otra, su falta de eficacia, ya que, no se habría podido forzar a los Estados a ratificar un Tratado en contra de su voluntad.

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El TPIY, el regreso de la justicia penal internacional luego de casi cinco décadas de ausencia.

Por esta razón, el Secretario General propuso al Consejo de Seguridad que estableciera un Tribunal mediante una decisión con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, o sea, como una medida para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. El sistema adoptado, además de ser rápido y surtir efectos inmediatos, tendría la ventaja de que todos los Estados estarían obligados a tomar las medidas necesarias para aplicar la decisión del Consejo, por tratarse de una medida aprobada de conformidad con el capítulo VlI de la Carta de la ONU.

Las limpiezas étnicas, un concepto que comenzaría a repetirse en este conflicto. Las fuerzas de la ONU estaban en teoría para impedirlas

En el debate que siguió a la aprobación de la resolución Nº 827, dos miembros del Consejo de Seguridad, China y Brasil, expresaron serias reservas respecto del método seguido para el establecimiento del Tribunal. China sostuvo que la fórmula adoptada podría constituir una violación del principio de la soberanía estatal, en tanto que Brasil, señaló que el Consejo podría estarse excediendo en sus atribuciones. Por estas razones, fueron partidarios de negociar y concertar un tratado sobre la materia.

Pese a estas apreciaciones el Tribunal para la antigua Yugoslavia fue establecido por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de conformidad al capítulo VII de la Carta, por estimarse que la situación bélica imperante constituía una amenaza para la paz y la seguridad mundial.

El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, establece las acciones que puede adoptar el Consejo de Seguridad en caso de quebrantamiento de la paz o actos de agresión, con el fin de restablecer la paz y seguridad internacionales. Las medidas están enunciadas en términos muy amplios, distinguiéndose entre las que implican el uso de la fuerza y las que no.

Partamos señalando que ésta, es la primera vez después de cuarenta y cinco años en que la comunidad internacional crea un Tribunal Penal. Pero además, se trata de la primera ocasión de aplicación extraterritorial de normas en sentido material contenidas en un cuerpo de normas elaborado por Naciones Unidas, así como extraterritorialidad en lo que al órgano de ejecución de la norma se refiere.

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El TPIY, sus jueces provienen de entre los más calificados juristas a nivel mundial.

Otra particularidad, es que este Tribunal, es el primero establecido por el Consejo de Seguridad, y el primer órgano subsidiario de carácter judicial, es decir, cuya finalidad mediata era contribuir a resolver el conflicto creado.

El Tribunal para la ex-Yugoslavia presenta los siguientes rasgos distintivos:

a) Se trata de un órgano independiente, ya que, no está sujeto a ningún tipo de autoridad o de control por parte del Consejo de Seguridad. Esta característica, propia y consustancial de todo órgano judicial
b) Es un órgano transitorio. Su existencia depende del restablecimiento o del mantenimiento de la paz y la seguridad en el territorio de la antigua Yugoslavia y de las decisiones futuras del Consejo de Seguridad sobre el particular. Hasta la fecha el Tribunal se mantiene en funcionamiento a la espera de la captura de criminales prófugos.
c) Es un mecanismo jurisdiccional ad-hoc (transitorio). Fue establecido expresamente para juzgar los crímenes internacionales cometidos con ocasión de un conflicto bélico determinado, careciendo de permanencia indefinida.
Sin embargo esto último, su establecimiento contribuyó a acelerar los trabajos de Naciones Unidas relativos a una Corte criminal Internacional permanente, la que hoy existe en la misma ciudad de La Haya.
d) El Tribunal se limitaría a aplicar las normas de derecho humanitario internacional vigentes, y no las desarrollará, ni creará nuevas disposiciones sustantivas. Así lo advirtió el Secretario General en su informe. Tampoco el Consejo de Seguridad creó normas de Derecho Internacional ni trató de asumir una especie de función legislativa en el ámbito del Derecho Internacional Penal.

e) A diferencia de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, el Tribunal para la ex-Yugoslavia es verdaderamente internacional. Los primeros dos fueron Tribunales multinacionales, pero no internacionales en estricto sentido. El Tribunal actual, es un órgano creado por la ONU, la que representa en gran medida a la comunidad internacional. Sus magistrados provienen de distintas regiones del mundo que no son partes del conflicto, a diferencia de Nuremberg y Tokio.

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Las destrucciones masivas de propiedades públicas, privadas y lugares religiosos, otra cara común de este conflicto.

f) El procedimiento previsto en el Estatuto del Tribunal se basa en las garantías del debido proceso. Se respeta el principio de la igualdad procesal, ya que tanto el fiscal como el acusado se encuentran en idéntica situación. El acusado tiene derecho a ser asistido por un defensor, si es necesario a expensas del Tribunal, a ser juzgado en audiencia pública, a impugnar las pruebas de cargo y presentar pruebas de descargo, a ser presumido inocente, a no confesarse culpable, a hallarse presente en el proceso. Esta importante característica, presenta una implicancia adicional, ya que por primera vez puede observarse claramente que las normas de derechos humanos han producido también consecuencias para el desarrollo del Derecho Internacional Penal, lo que ha venido fortaleciéndose desde Nuremberg y Tokio.

g) El Tribunal está integrado por tres órganos, un órgano judicial, un órgano acusatorio y un órgano administrativo. El órgano judicial está constituido por tres cámaras o salas, dos de primera instancia, cada una de ellas integrada por tres jueces, y una sala de apelaciones, compuesta por cinco magistrados. El Estatuto dispone que cada uno de los 11 magistrados deben ser personas de gran estatura moral, imparcialidad e integridad, y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. Para la composición de las salas, debe tomarse en cuenta la experiencia de los jueces en Derecho Penal, Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. También, en la conformación del Tribunal debe velarse por la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo.

h) El órgano acusatorio, constituido por un fiscal, tiene la función de investigar los casos, preparar las acusaciones y acusar a las personas responsables. El fiscal también ha de ser una persona de moral intachable y poseer el más alto nivel de competencia y experiencia en la investigación y enjuiciamiento de criminales. La oficina del fiscal se compone de una unidad de investigación y una unidad de acusación.

i) El órgano administrativo lo constituye una Secretaría, que presta servicios a los otros dos órganos. Entre otras, sus principales funciones son: Información pública y relaciones externas, preparación de las actas de las sesiones, prestación de servicios de conferencias, impresión y publicación de la documentación de los casos, tareas administrativas, presupuestarias y de personal.

4.- Casos que podía conocer el TPIY

El Tribunal está encargado de juzgar a los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, tanto de carácter convencional como consuetudinario, de tal suerte que no se plantea el problema de que sólo algunos Estados hayan adherido a determinadas convenciones. Debe notarse que el Tribunal aplica no sólo el Derecho convencional sino que también el de carácter consuetudinario, es decir el basado en la costumbre.

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Genocidio y limpiezas étnicas en la ex Yugoslavia, cargos que serían comunes en los procesos del TPIY

En cuanto al derecho convencional, está basado en siete instrumentos
internacionales:
- los cuatro Convenios de Ginebra de 1949;
- el IV Convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbre de guerra terrestre y Reglamento anexo de 1907;
- la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948; y
- el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 1945.

Reconociendo la índole consuetudinaria de las normas incorporadas en los instrumentos antes señalados, en los artículos 2 a 5 del Estatuto, se individualizan los actos a los cuales se extiende la competencia material del Tribunal:
1) Violaciones Graves de los Convenios de Ginebra;
2) Violaciones de las leyes o de los usos de guerra;
3) Genocidio;
4) Crímenes de lesa Humanidad;

A diferencia de los Estatutos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, la competencia del Tribunal no incluye los crímenes contra la paz. La inclusión de estos crímenes, hubiera significado que el Tribunal debía investigar el problema de las causas del conflicto que afecta a la ex-Yugoslavia, lo que habría implicado inevitablemente adentrarse en los aspectos políticos que envuelven a dicho conflicto.

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El TPIY juzgaría solo a personas naturales y no a organizaciones, así evitaría involucrarse en los asuntos políticos del conflicto.

Acogiendo las críticas formuladas por la doctrina al juicio de Nuremberg, cuya acta de acusación incluyó organizaciones criminales como la Gestapo y la S.S., el Estatuto del Tribunal para la antigua Yugoslavia establece el principio de la responsabilidad personal, excluyendo expresamente las organizaciones o agrupaciones. Esta competencia se limita a la responsabilidad individual, incluso si se actúa en nombre o por cuenta del Estado, comprende a los autores directos de los actos, además a los que participen o hayan participado en la planificación, preparación o ejecución de actos criminales.

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La competencia del TPIY, son los hechos ocurridos en todo el territorio de la ex-Yugoslavia desde el 01 de Enero de 1991.

En esta parte, también el Estatuto reglamenta el principio de la posición oficial de los acusados, incluso jefes de Estado o de gobierno, la responsabilidad de los superiores por actos de los subordinados y el cumplimiento de una orden del gobierno o del superior jerárquico.

Con respecto a la jurisdicción espacial o territorial, el Estatuto del Tribunal precisa que éste conocerá de aquellos casos cometidos en el territorio de la ex-Yugoslavia, incluyendo su superficie terrestre, espacio aéreo y aguas territoriales.

La jurisdicción del Tribunal se extiende a los actos perpetrados a partir del primero de enero de 1991, dicha fecha no está vinculada a ningún acontecimiento en particular y está claramente destinada a comunicar la idea de que no se hace un juicio respecto del carácter internacional o interno del conflicto.

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Las violaciones masivas de mujeres por parte de tropas serbias, fue una forma de terror empleada para facilitar las "limpiezas etnicas".

A diferencia del Tribunal de Nuremberg, que fue establecido para juzgar a los principales criminales de guerra que habían cometido crímenes sin ubicación geográfica determinada, dejando a los Estados el juzgamiento de los criminales menores, el Tribunal para la antigua Yugoslavia no priva a los Tribunales nacionales de su competencia penal para conocer de los crímenes sometidos al Tribunal internacional. Sin embargo, el Estatuto lo faculta para intervenir en cualquiera de las fases del proceso llevado a cabo por los tribunales locales, y hacerse cargo de ellos, siempre que redunde en interés de la justicia.

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Juicio a Karadkic, una vez juzgado por el TPIY, cualquiera fuera el resultado del juicio, no podría ser juzgado por otro Tribunal nacional o internacional..

Atendido el hecho de que gran número de los acusados pueden encontrarse en países cuyas autoridades estés dispuestas a juzgarlos, el Estatuto del Tribunal para la ex-Yugoslavia consagró el principio non bis in Ídem, según el cual una persona que haya sido juzgada por el Tribunal, no será juzgada posteriormente por un Tribunal nacional. Del mismo modo, la persona que haya sido juzgada por un Tribunal nacional no podrá ser juzgada nuevamente por el Tribunal internacional.

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*Wikipedia y sitios abiertos de internet.


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