1.- Antecedentes Históricos

La República de Rwanda o Ruanda, se independizó de Bélgica en 1962, naciendo una pequeña nación post colonial de 26.300 kilómetros cuadrados, enclavada entre Uganda, Tanzania, República del Congo y del también pequeño estado de Burundi.

En julio de 1962, la mayoría de la etnia Hutu logró el poder con el apoyo de los colonos extranjeros y procedieron a abolir la monarquía histórica de ese territorio, liderada por los miembros de la etnia Tutsi, ello luego de décadas de rivalidades entre las dos etnias, por cuanto además del poder político, los Tutsi -como parte del grupo dominante- recibían un trato absolutamente más favorable en todo orden de cosas de parte de los belgas, con la intención obvia de éstos por mantener mejores condiciones de dominación y control a través de su alianza con la monarquía Tutsi.

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La UNAMIR daría inicio al proceso de intervención de fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto de Rwanda

Por ende, a finales de los años 80, el conflicto entre las etnia Hutu y Tutsi ya traía un historial de varias décadas de tensiones y odiosidades, arraigadas desde su etapa pre y post colonial, lo que ya a 1990 incluía la lucha armada de parte del "Frente Patriótico Rwandés" (FPR), formado por grupos Tutsi en el exilio, quienes intentaban derrocar al gobierno de corte dictatorial del general Juvenal Habyarimana, obviamente de la etnia Hutu.


Fue así que en octubre de 1990, estallaron en Rwanda fuertes conflictos internos y transfronterizos entre las Fuerzas Armadas del Gobierno de Rwanda y el Frente Patriótico Rwandés (FPR), el que operaba desde Uganda (con el apoyo del gobierno ugandés) y zonas de Rwanda del norte, conflicto que a poco andar tomó las características de una guerra civil.

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 La irrupción de fuerzas del "FPR" en 1990, desde Uganda, dio origen a una guerra civil desatada en Rwanda.

Con miras a una solución pacífica del conflicto, tanto Rwanda como Uganda pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que desplegara observadores militares a lo largo de la frontera común para evitar la utilización militar de esa zona. Después de ser previamente enviada una misión de buena voluntad, una misión técnica y de asistencia humanitaria en ayuda de las ya 900.000 personas desplazadas por la guerra, el 22 de junio de 1993, el Consejo de Seguridad estableció la "Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda" (UNAMUR).

El 4 de agosto del mismo año, concluyeron exitosamente las conversaciones de paz, suscribiéndose un acuerdo que preveía un Gobierno de Transición de amplia base Hutu y Tutsi, que se mantendría hasta que tuvieran lugar elecciones libres, que dieran paso a un gobierno elegido democráticamente.

Para garantizar la aplicación del acuerdo, el Gobierno Rwandés y el FPR pidieron a las Naciones Unidas el establecimiento de otra fuerza internacional. Así el 5 de octubre de 1993, el Consejo de Seguridad estableció la "Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda" (UNAMIR), que debería permanecer en Rwanda hasta la celebración de las elecciones y la instauración del nuevo gobierno, lo cual se había previsto para octubre de 1995.


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El odio ancestral entre Hutus y Tutsi, sería el preludio de un una guerra civil que desembocó en crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, la situación interna se deterioró rápidamente, dificultando el despliegue y operación de la UNAMIR, lo que retrasó la aplicación del acuerdo de paz. Las negociaciones prosiguieron con dificultad. El 6 de abril de 1994 el Presidente de Rwanda, Juvénal Habyarimana, y el Presidente de Burundi, Cyprien Ntaryarima, resultaron muertos a causa de un ataque con cohetes (atribuído al FPR) dirigido contra el avión en que regresaban de las conversaciones de paz en Tanzania. Este incidente fue el detonante que daría lugar a un torrente de violencia y matanzas con dimensiones políticas y étnicas.

El Primer Ministro y miembros de gabinete, así como funcionarios de gobierno y los propios miembros de la UNAMIR, fueron las primeras víctimas de las matanzas que ya el 8 de abril había asumido proporciones de genocidio. Según las informaciones de Naciones Unidas, las matanzas habrían sido perpetradas principalmente por “miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Presidencial, y la milicia joven del partido de gobierno, llamada milicia Interahamwe.

2.- “La Operaciòn Turquoise”

Ante tal tragedia, el Consejo de Seguridad estableció que la situación en Rwanda constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, procediendo a adoptar medidas en conformidad al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tales como embargo de armas, la disposición de 5.500 efectivos, y una operación humanitaria multinacional, para la protección de personas desplazadas, refugiados y civiles en inminente peligro.

Esta operación humanitaria fue patrocinada por el Gobierno de Francia, y se estableció en el sureste de Rwanda, siendo conocida como «Operación Turquoise». Gracias a ella, el 21 de agosto la UNAMIR pudo hacerse cargo de sus responsabilidades en la zona.

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Tropas francesas a cargo de la "Operación Turquoise".

El 18 de julio de 1994, el FPR tras haber tomado el control de Rwanda, excepto la zona de protección humanitaria, declaró unilateralmente la cesación del fuego, con lo que se puso fin a la guerra civil. Al día siguiente se instaló, por un período transitorio de cinco años, un gobierno de unidad nacional de amplia base, que declaró su compromiso con los acuerdos de paz, la reconciliación y reconstrucción nacional, y aseguró a la UNAMIR su colaboración con el regreso de los refugiados.

La UNAMIR, por su parte, prosiguió sus esfuerzos para garantizar la seguridad, estabilidad, el retorno de los refugiados y personas desplazadas, proporcionar seguridad y apoyo para la asistencia humanitaria, y promover la reconciliación nacional.

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Fuerzas de la UNAMIR desplegadas en Rwanda.

En tanto, el Consejo de Seguridad había establecido una Comisión de Expertos que en septiembre de ese año, arrojó «pruebas concluyentes» de que, «elementos Hutu habían perpetrado actos de genocidio contra el grupo Tutsi de manera concertada, planificada, sistemática y metódica».

Las estimaciones indicaban que la población de Rwanda había descendido de 7,9 a 5 millones de personas; un millón de víctimas fatales y el restante entre desplazados y refugiados en países vecinos. Posteriormente, la Comisión recomendó que el Consejo de Seguridad tomara todas las acciones necesarias y efectivas para asegurar que los individuos responsables fueran llevados ante la justicia, preferentemente, ante un Tribunal internacional independiente e imparcial.

El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución N° 955, en la cual, actuando bajo el capítulo VII de la Carta, decidió establecer un Tribunal Internacional para la persecución de la responsabilidad de personas por genocidio y otras serias violaciones al Derecho Humanitario Internacional cometidas en el territorio de Rwanda y la responsabilidad de ciudadanos Rwandeses por genocidio y otras violaciones similares cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Así nacía el Tribunal Penal Internacional para Rwanda “TPIR”, el segundo de su tipo en la post "Guerra Fría" y a través de similar proceso de formación que el "TPIY".


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 Las fosas comunes, brutales huellas del genocidio; serían imagenes que se repetirían en Rwanda a mediados de los 90.

3.- Establecimiento del Tribunal

Al igual que el Tribunal Yugoslavo, el Tribunal de Rwanda fue establecido por el Consejo de Seguridad en aplicación del capítulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, detentando también el carácter de órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Sin embargo, según afirmó el Secretario General de Naciones Unidas de la época, Boutros Boutros-Ghali, el Tribunal goza de completa independencia del Estado de Rwanda y de cualquier otro Estado, incluyendo su órgano creador, el Consejo de Seguridad.

Agregaba además el Secretario General que, el establecimiento del Tribunal en virtud del capítulo VII era necesario por dos razones, primero, para asegurar la cooperación de todos los Estados, incluido el Estado Rwandés, y segundo, para asegurar el establecimiento rápido y expedito del Tribunal.

Pese a que la Comisión de Expertos para Rwanda, en un documento borrador, propuso inicialmente la enmienda del mandato del Tribunal Yugoslavo, para extender su jurisdicción a los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Rwanda, la propuesta fue rechazada a causa del recelo de algunos miembros del Consejo de Seguridad, en orden a que la expansión de la jurisdicción ad-hoc existente, pudiera conducir a frenar la idea de crear un Tribunal único que tomara gradualmente las características de una institución judicial permanente.


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La ex Yugoslavia y Rwanda compartirían tristemente los genocidios de los 90, en un principio incluso se planteó la idea de extender la jurisdicción del TPIY a los crímenes de Rwanda.

Por tales razones, el Consejo de Seguridad eventualmente optó por establecer un Tribunal separado para Rwanda. Sin embargo, ambos Tribunales se encuentran íntimamente vinculados, ya que cuentan con lazos organizacionales e institucionales comunes, principalmente la sala de apelaciones y el fiscal, lo que obedece, según el Secretario General de la ONU, a la intención de asegurar una unidad de criterios jurídicos, economía y eficiencia.

Un hecho digno de destacar y que diferencia el establecimiento del Tribunal Yugoslavo del Rwandés, es que en el caso de este último, fue el propio Gobierno Rwandés el que abogó por el establecimiento de una jurisdicción criminal internacional ad-hoc – como parte afectada así como Estado miembro del Consejo de Seguridad - participando en todas las deliberaciones sobre el Estatuto y en las negociaciones que condujeron a la adopción de la Resolución Nº 955.

En opinión del abogado geogiano experto en la materia Payam Akhavan, esta situación se debió en gran parte, a
«la derrota militar del grupo responsable del genocidio, de manera que el gobierno sucesor (coalición dominada por el victorioso Frente Patriótico Rwandés) se alzó en pro del castigo y aislamiento político de sus predecesores.

Durante las deliberaciones del Consejo de Seguridad, el representante Rwandés invocó cuatro argumentos básicos a favor del establecimiento del Tribunal.

1) El genocidio cometido en Rwanda es un crimen contra la humanidad y debiese ser
reprimido por la comunidad internacional como un todo.
2) En segundo lugar, la necesidad de evitar, «cualquier sospecha de un deseo de organizar una justicia acelerada y vengativa», pues, en lugar de «una justicia del vencedor», una presencia internacional podría asegurar una justicia ejemplarizadora que podría ser vista como absolutamente limpia e imparcial.
3) La tercera razón fue que, según el Gobierno Rwandés, «es imposible construir un Estado de Derecho y arribar a una verdadera reconciliación nacional» sin erradicar «la cultura de la impunidad» que ha caracterizado a la Sociedad Rwandesa, enfatizando que, «quienes han pensado que es aceptable matar porque se les antoja, por que la víctima es de un grupo étnico diferente o de un partido opositor, no pueden contribuir a la reconciliación nacional hasta que hayan aprendido nuevos valores.

4) Finalmente, el Gobierno Rwandés adujo una razón práctica, que el establecimiento de un Tribunal internacional podría facilitar «la captura de los criminales que han encontrado refugio en naciones extranjeras».

Por ello, es absolutamente paradójico que el representativo Rwandés ante el Consejo de Seguridad haya votado finalmente en contra de la Resolución Nº 955.

A diferencia del Estatuto Yugoslavo, el cual fue aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad, el Estatuto Rwandés fue adoptado con el voto disidente de Rwanda, además de la abstención de China. El representante Chino consideró poco cauto votar apresuradamente el proyecto de Resolución y Estatuto, que el Gobierno Rwandés todavía encontraba difícil de aceptar."

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Las fuerzas de la ONU intentaron proteger a los grupos más vulnerables de Rwanda.

Las razones principales de la negativa final de Rwanda al establecimiento del Tribunal, no dicen relación con la necesidad misma del Tribunal, sino con el Estatuto y las pocas proyecciones de éxito que visualizó el Gobierno. La delegación Rwandesa sostuvo varias reuniones con el patrocinante del proyecto de resolución inicial requiriendo enmiendas al texto, algunas de las cuales tuvieron éxito en obtener, pero no estuvieron finalmente satisfechos con la Resolución Nº 955.

Las principales objeciones del Gobierno Rwandés fueron, entreotras, las siguientes:

- Jurisdicción temporal del Tribunal demasiado estrecha, por cuanto según el Estatuto ésta se extiende desde enero hasta diciembre de 1994, en circunstancias que la guerra civil había comenzado en 1990.
- Composición y estructura del Tribunal inapropiada, dada la magnitud de la tarea encomendada, al contar con una sala de apelaciones y un fiscal común con el Tribunal Yugoslavo.
- Escasez de recursos humanos y financieros asignados.
- Asiento del Tribunal, que no fue establecido en Rwanda como este país pretendía.
- Pena de muerte, ya que, estando contemplada en el Código Penal de Rwanda, fue expresamente excluida del Estatuto, resultando más benévola la justicia internacional que la nacional.

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Campamentos de refugiados, miles de rwandeses morirían por enfermedades y hambre en estos precarios lugares.


Señala el abogado especialista Payam Akhavan que, «a pesar del voto disidente del Gobierno Rwandés, posteriormente se demostró que muchas de sus aprehensiones habían sido infundadas. La fase operacional del Tribunal, aun en sus primeras etapas, indica que, no obstante las serias limitaciones prácticas, las investigaciones y prosecuciones serían llevadas a cabo con imparcialidad, integridad y efectividad. Consecuentemente, una relación de cooperación con el gobierno Rwandés, indispensable para el éxito del Tribunal, ha sido eventualmente establecida».

4.- Estatuto

El Estatuto del Tribunal, que fue anexado a la Resolución Nº 955, es, con pocas excepciones, virtualmente idéntico al Estatuto del Tribunal para la antigua Yugoslavia. Establece la competencia del Tribunal (material, territorial y temporal), los principios de responsabilidad, la organización y estructura del Tribunal, y los procedimientos previos al juicio, el juicio mismo y los posteriores a él, incluyendo el principio del debido proceso y los derechos de los acusados.

Para determinar el asiento del Tribunal, se tuvieron presente «consideraciones de justicia y transparencia, así como de eficiencia administrativa», además de «la preferencia expresada por el Consejo de un asiento africano».

Distintas alternativas fueron barajadas por el Tribunal, pero finalmente fue establecido en Arusha, República Unida de Tanzania, según Resolución Nº 977 de 1995, del Consejo de Seguridad, acogiendo la propuesta del Secretario General.


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Sede del TPIR en Arusha, República de Tanzania .


5.- Jurisdicción y Competencia

Una diferencia notable entre los Tribunales de Rwanda y Yugoslavia está relacionada con el ámbito de materias sujetas a su jurisdicción, ya que, el Consejo de Seguridad al elaborar los Estatutos consideró que el conflicto de la antigua Yugoslavia era internacional, y el caso Rwandés es marcadamente nacional. Por esta razón, en principio, no serían aplicables en el caso Rwandés las Convenciones de Ginebra de 1949 y otras normas establecidas para conflictos bélicos internacionales.

Sin embargo, con la interpretación que ha hecho la sala común de apelaciones en el caso contra Dusko Tadic, según se ha visto, esta distinción puede dejar de ser relevante, toda vez que la sala ha sostenido que las normas del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, son también aplicables a conflictos armados internos.

A este respecto cabe recordar que la sala de apelaciones es la misma para ambos Tribunales.

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Audiencias del TPIR


6.- Labor Desempeñada por el Tribunal

Las investigaciones de actos de genocidio y otras serias violaciones al Derecho Internacional comenzaron en mayo de 1995. El 25 de mayo, seis jueces fueron elegidos para conformar las salas de primera instancia del Tribunal, siendo adoptadas las reglas de procedimiento en una sesión extraordinaria que tuvo lugar en La Haya el 26 de junio, similares a las del procedimiento adoptadas del TPIY en lo investigativo y judicial.

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El TPIR en audiencia, con similares procedimientos que los establecidos para el TPIY, la justicia internacional llega a Africa.

El Tribunal emitió su primera acusación el 12 de diciembre de 1995. El 8 de enero de 1996, el Tribunal sostuvo su primera sesión plenaria en Arusha, oportunidad en que la sala examinó una solicitud presentada por el fiscal relacionada con el deferimiento de investigaciones en curso y prosecuciones llevadas adelante por el Gobierno Belga sobre tres sospechosos que se encontraban detenidos en ese momento en dicho país.


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Los acusados son trasladados ante el TPIR con sede en Arusha, Tanzania.

El 11 de enero, la sala solicitó formalmente a Bélgica deferir a la competencia del Tribunal internacional las investigaciones y procesamientos sobre los tres sospechosos. En mayo de 1996, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal por las autoridades de Zambia. Los acusados son: Georges Anderson; Nderubumwe Rutuganda; Jean Paul Akayesy y Clément Kayishema y se les imputaba haber cometido «genocidio y conspiración para cometer genocidio, asesinato masivo de varios miles de hombres, mujeres y niños, en la Prefectura de Kibuye, en el oeste de Rwanda» y otros cargos de crímenes contra la humanidad.

Otros presuntos perpetradores de genocidio y crímenes contra la humanidad fueron arrestados en Canadá, Suiza, Kenya y Camerún. De especial importancia es la situación del Coronel Théoneste Bagosora, tal vez el caso más emblemático, ya que fue el Director del Gabinete del Ministerio de Defensa de Rwanda y estrecho colaborador del Presidente Habyarimana. Se le adjudica haber sido el autor intelectual de las masacres de civiles Rwandeses y de los asesinatos de 10 soldados belgas de las Naciones Unidas.

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Caso emblemático, el Coronel Bagosora ante el TPIR, fue condenado a presidio perpetuo.


Su extradición había sido solicitada por Rwanda y Bélgica a Camerún. El 17 de mayo de 1996, la sala del Tribunal formalmente solicitó deferir al Tribunal internacional todas las investigaciones y procesos criminales conducidos en ese país contra el Coronel Bagosora. El fiscal general del TPIR, en junio de 1996, inició gestiones ante la autoridad de Camerún para que el Coronel Bagosora fuera puesto a disposición del Tribunal, en 1997 el acusado fue detenido y entregado al TPIR.

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Símbolo del TPIR

En 1997 compareció por primera vez ante el TPIR en Arusha, Tanzania, en dónde fue acusado de trece cargos de crímenes penales internacionales, basándose en las leyes contra el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El juicio en su contra comenzó el 2 de abril de 2002, siendo la acusación central el hecho de ser el autor intelectual de las matanzas étnicas con fines de eliminar a quienes consideraba sus enemigos -los Tutsi-.

El 18 de diciembre del 2008, Bagosora fue encontrado culpable de genocidio, junto con el mayor Aloys Ntabakuze y el coronel Anatole Nsengiyumv y condenados a cadena perpetua por sus crímenes, entre otros el haber entregado armas y ordenar a soldados de la etnia Hutu y a “Milicia Interahamwe” que mataran a miembros de la comunidad Tutsi, y de la muerte los diez soldados de belgas que prestaban funciones para la ONU, tratando de garantizar la paz en Rwanda.

En detalle de todos los casos juzgados y aun en proceso ante el TPIR, pude ser seguido en el subforo de EGC, sobre links de interés, en donde se encuentra el sitio del TPIR con el estado de las causas tramitadas y en tramitación en dichos tribunal.

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Cientos de miles de desplazados se refugiaron en los países vecinos a Rwanda.

6.- Opiniones Críticas

La creación de los Tribunales Internacionales para la ex-Yugoslavia y Rwanda por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha suscitado controversias en la doctrina respecto de la legitimidad de dichos órganos judiciales, por tratarse de una justicia internacional ad-hoc, que contradice los principios procesales penales de Derecho interno, que establecen como garantía para el acusado, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, debiendo el Tribunal estar establecido por ley con anterioridad al acometimiento de los hechos objeto del juzgamiento.

El camino emprendido por el Consejo de Seguridad, si bien ha sido necesario y contribuye efectivamente a la protección del ser humano, planteó una serie de interrogantes: ¿el Consejo de Seguridad establecería nuevamente Tribunales ad-hoc si llegado el caso, se presentan nuevos conflictos bélicos, sean internacionales o interno?.

En fin la creación de la Corte Penal Internacional aun en pleno proceso de implementación, vino a zanjar finalmente el dilema, la existencia un TPI único y permanente para conocer de todos los delitos que se perpetren en desprecio de la humanidad toda, la Corte Penal Internacional, progreso de nuestra era que aun está tratando de abrirse camino y lograr su aceptación de parte de las grandes potencias. La historia no se detiene y al fin y al cabo, aquello tarde o temprano deberá suceder.

Bibliografía y fuentes:
*AKHAVAN, PAYAM. «The International Criminal Tribunal For Rwanda: The Politicsand Pragmaticsof Puni.shment» .
*BLANC ALTEMIR, ANTONIO. «La Violación de los Derechos Humanos Fundamentales como Crimen Internacional». Bosch,
Casa Editorial S.A. Primera edición, Barcelona.
*JELLINEK, GEORG. «Teoría General del Estado». Traducción de la segunda edición alemana y prólogo por Fernando De Los
Ríos, Editorial Albatros, Buenos Aires, Argentina.
*DERECHO INTERNACIONAL PENAL LLANOS MANSILLA, HUGO. «Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público». Editorial Jurídica de Chile.
*El Derecho Internacional ante los Tribunales Internacionales e Internos». Compilado por María Teresa Infante Caffi y Rose Cave Schnóhr. Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago.
*NACIONES UNIDAS. "Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General"
*NUEVOS ENFOQUES DEL DERECHO INTERNACIONAL, Santiago Benadava Cattan, Samuel Duran Bachler, Claudio
Grossman Guiloff, Avelino León Steffens, Francisco Orrego Vicufía. Coordinación de Avelino León Steffens. Editorial Jurídica de Chile.
*SISTEMA JURÍDICO Y DERECHOS HUMANOS. EL DERECHO NACIONAL Y LAS OBLIGACIONES DE CHILE EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Miguel Cillero Bruñol, Felipe González Morales, Cecilia Medina Quiroga, Jorge Mera
Figueroa, Carlos Peña González, Cristian Riego Ramírez. Editores, Cecilia Medina Quiroga y Jorge Mera Figueroa. Cuadernos de Análisis DERECHO INTERNACIONAL PENAL Jurídico N"6, Serie Publicaciones Especiales, Sociedad de Editores
de la Universidad Diego Portales. Santiago.
*Sitios web de la ONU, TPIR y CPI.
*Wikipedia y sitios abiertos de Internet.


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