Durante los últimos doscientos años, muchos de los mejores españoles creyeron que si esas propuestas de defensa y garantía de los derechos del hombre se instauraban en nuestro país, arraigaría y se desarrollaría la democracia en España y mejoraría nuestra sociedad. Pero no fue fácil, y la modernidad se fue abriendo camino lentamente. Así, nuestra la historia en estos últimos doscientos años fue, primero, la lucha de los constitucionalistas contra los absolutistas; después fue la lucha de liberales y demócratas contra los carlistas y clericales, especialmente en el País Vasco y Cataluña; luego fue la lucha de la democracia republicana contra toda la reacción en su conjunto, hipostasiada en la dictadura de Franco. Una dictadura abolida definitivamente por la vigente Constitución de 29 de diciembre de 1978. Pero esa misma historia nos demuestra que la trayectoria seguida por nuestro país en los últimos doscientos años, pese a todo, pese a sus terribles altibajos y sus no menos terribles dictaduras, ha sido la misma historia de la expansión de la libertad y la igualdad para todo el pueblo español. Una libertad y una igualdad a veces limitadas, y a veces amenazadas, pero siempre afirmadas al final.
Hace ciento noventa y dos años que se proclamaron por primera vez los derechos de los españoles a la libertad, a la igualdad y a la vida; pero la libertad y la igualdad distan mucho de ser una realidad plena y satisfactoria en España, especialmente en País Vasco, donde tampoco está garantizado el derecho a la vida. Y sin embargo hoy en España, menos que nunca, no hay ningún argumento que justifique la negación o la limitación de los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad de ningún español. Y no hay deber que pese más sobre toda nuestra sociedad que conseguir las garantías más firmes para esos derechos. Y no hay culpa más grave que desatender ese deber.
Porque la amarga realidad nacional es que en varias partes de España, y no solo en el País Vasco, aunque sí especialmente allí, a muchas personas se les niegan, recortan o limitan sus derechos, sencillamente por oponerse a los nacionalistas o por no ser nacionalistas. En el País Vasco se acude a diario a conculcaciones deliberadas de derechos fundamentales, por parte de las autoridades autonómicas y municipales. También en Cataluña. Y es que durante estos últimos años, cada recurso que la imaginación humana es capaz de crear, se ha empleado por las autoridades locales catalanas y vascas para negar, recortar o impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales a millones de españoles, ante la pasividad de las autoridades generales de la nación. Una pasividad a menudo complaciente con quienes amenazan o restringen los derechos de otros.
La evidencia de lo sucedido en los últimos veintiséis años nos demuestra que no se pueden garantizar los derechos fundamentales de los españoles cuando los responsables autonómicos y municipales están dispuestos a negarlos, a limitarlos o a impedirlos. No es posible garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando, desde el Tribunal Constitucional, se ha sentado una jurisprudencia según la cual los derechos individuales de las personas pueden ser menospreciados y recortados, ante muchos de los caprichos de esos pequeños ámbitos de tiranía que son los gobiernos locales y autonómicos nacionalistas. La evidencia también demuestra que cuando en una sociedad hay amplios grupos que ven sus derechos amenazados, cuando en una sociedad hay espacios donde rigen tiranías, por pequeñas que sean, esa sociedad tiene su libertad bajo amenaza.
No es que se trate de poner dificultades de ninguna clase a las Comunidades Autónomas o a los Ayuntamientos. Solo se trata de señalar las abrumadoras incoherencias en que incurre con cierta habitualidad nuestra restaurada democracia de 1978. Las complacencias con los nacionalismos no debieron hacerse nunca sobre la base de dejar en situación de riesgo los derechos fundamentales de muchos de nuestros compatriotas. Porque en esta clase de asuntos en lo que se juegan los derechos y libertades básicas de personas concretas no debe, no puede haber demoras, ni dudas, ni falta de compromiso. Los derechos individuales de las personas deben prevalecer a toda costa. Desde 1812 hemos esperado casi doscientos años para establecer, definitivamente, nuestro régimen de libertad. Ya va siendo hora de tener claro y proclamar, que los tiempos de las esperas han terminado para esta clase de asuntos. Que no se puede seguir tolerando las opresiones, aunque se sostenga que son pequeñas.
La Constitución de 1978 ordenó el fin de cualquier marginación por razones culturales y lingüísticas, y ordenó la prohibición de cualquier restricción a los derechos individuales por razones de esa índole. Y sin embargo, en Cataluña y en Euskadi no ocurre así, como todos sabemos.
No se pueden dejar de denunciar, tampoco, las insuficiencias de las políticas gubernamentales en materia antiterrorista en los últimos veintiséis años. De las políticas de todos los gobiernos nacionales que hasta ahora hemos tenido, porque ellos han sido directamente responsables de la insuficiencia que presentan las garantías establecidas en nuestras leyes para asegurar la eficacia de los derechos fundamentales de las personas en España. La amenaza se duplica ahora cuando, además, parecen cernirse sobre nuestro país las estrategias generales del integrismo islamista como una nueva amenaza a sumar a la anterior.
Y es en este preciso momento, cuando podemos contemplar los efectos del 11 de marzo con una cierta perspectiva, es cuando se hace más necesario recordar cuales son los enemigos que de verdad tenemos que enfrentar. El terrorismo es una enfermedad social que nace de visiones totalitarias de la política y de la sociedad, que se difunde y sostiene sobre la ignorancia y la cobardía de muchos, y que genera muerte y miseria. El terrorismo es una practica criminal que no puede hacernos perder de vista los cuatro enemigos que verdad ha de afrontar por siempre la humanidad: la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la tiranía El terrorismo es parte de esos enemigos. No podemos tolerar la amenaza terrorista, y no debemos combatirla con políticas erróneas. No es un problema de vascos, de catalanes o de musulmanes, que se pueda resolver si unos u otros obtienen estas o aquellas concesiones a través de su chantaje. El terrorismo es un problema que afecta directamente nuestros derechos, en la forma de una amenaza totalitaria intolerable. Por eso el problema es, más bien, la respuesta que pueda llegar a ser capaz de articular nuestra sociedad.
Pla
